En México, el 48 por ciento de niñas y niños en la primera infancia (0-5 años) vive en condiciones de pobreza y con amplias carencias sociales, advirtió el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En el marco del regreso a clases, el organismo internacional expuso que hay situaciones y problemáticas que pueden ser abordadas a través de políticas públicas eficientes.
“Hay una baja cobertura de educación inicial. Tras la pandemia, la cobertura de educación preescolar cayó de 72.7 por ciento en el ciclo 2019-20 a 66.6 por ciento en 2022-23”, enfatizó Unicef.
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Refirió que, actualmente solo 2 de cada 10 niñas, niños y sus familias acceden a un programa o servicio de aprendizaje temprano y orientaciones parentales, que son los que marcan el inicio de su vida en el sistema educativo.
De acuerdo a la ONU, el desafío en la educación primaria muestra que, a pesar de tener una cobertura prácticamente universal, concentra a muchos niños y niñas que no logran los aprendizajes básicos esperados al culminar este nivel educativo: sólo 2 de cada 10 estudiantes cuentan con los conocimientos requeridos (lenguaje, comunicación y matemáticas) al finalizar este nivel.
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“Solo 65.1 por ciento de la población en situación de pobreza extrema entre 15 y 17 años concluye la secundaria”, refirió Unicef.
Expuso que el programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez llega a aproximadamente 5.7 millones de estudiantes; esto es un gran logro. “Ahora hay que seguir avanzando hacia una cobertura más amplia, hacia la universalidad, llegando a los 15.7 millones que actualmente no están cubiertos”.
Enfatizó que, el gasto para la infancia y adolescencia ha disminuido su representatividad dentro del gasto social total, pasar de 27 por ciento en 2016 a 18 por ciento en 2023. Para el financiamiento a la educación, hoy en día se destina 5.9 por ciento del PIB del cual aproximadamente 4.4 por ciento corresponde al ámbito público federal.
“Esto es sustancialmente bajo, pues según recomendaciones internacionales, debe ser entre 4 por ciento y 6 por ciento del PIB, mientras que la Ley General de Educación establece una inversión del Ejecutivo Federal y entidades federativas mínima de 8 por ciento del PIB”, sentenció.