El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), manifestó su preocupación por el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en el que se aprueba su fusión con el INEGI y solicitó un espacio de diálogo con el Congreso de la Unión.
Recordó que desde su creación hace 19 años, el país cuenta con un diagnóstico sobre el estado del desarrollo social del país, valoraciones rigurosas y confiables sobre los avances y retrocesos en los derechos sociales, mapas de ruta para la mejora de la política social y el bien público de contar con evidencia robusta para el combate a la pobreza y la defensa de los derechos sociales.
“La propuesta de reforma pone en riesgo la capacidad del Estado para apuntalar la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales porque no ofrece un espacio ni un modelo de gobernanza que asegure la continuidad de las funciones especializadas del Consejo, claramente diferenciadas de las del INEGI”, agregó en un comunicado.
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Advirtió incluso que el CONEVAL no tiene duplicidad de funciones con el INEGI, un órgano autónomo constitucional que levanta información estadística de gran calidad, pero no realiza análisis ni cuenta con las capacidades ni el modelo de gobernanza necesarios para realizar las funciones diferenciadas y especializadas del Consejo. Fusionar ambas instituciones significaría la pérdida de un modelo de evaluación y monitoreo que se ha construido en 20 años y que ha sido reconocido nacional e internacionalmente.
La evaluación y monitoreo de los programas y las políticas sociales están completamente ausentes del mandato y experiencia de INEGI. La iniciativa de reforma administrativa persigue objetivos de austeridad, la eliminación de duplicidad de funciones y la devolución o reintegración de funciones a la APF. El CONEVAL no cae en ninguno de los supuestos del dictamen aprobado el 23 de agosto e incluso rechaza ser un organismo autónomo.