En el marco del 50 aniversario de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, activista, político y defensor a manos del Ejército Mexicano en 1974, su familia y organizaciones ce Soto, exigieron una vez más al Estado Mexicano su localización.
En un evento de memoria realizado en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en la Ciudad de México, destacaron que con su lucha han logrado respuestas para otras víctimas, abrieron brechas para otras causas y lograron mover al Estado mexicano de su posición de negación e indolencia, dijeron a través de un comunicado emitido por Fundar México.
Su lucha ha logrado la generación de nuevas instituciones para prevenir, investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos; la aprobación de nuevos marcos normativos e, incluso, constitucionales para reconocer a los derechos humanos como pilar del sistema democrático, así como, la revelación de información que durante décadas permaneció oculta sobre las prácticas represivas y criminales de las estructuras autoritarias del Estado mexicano.
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“A pesar de estos importantes avances, Rosendo Radilla y más de 116 mil personas desaparecidas aún nos hacen falta; su ausencia sigue siendo una silla vacía que les espera en sus hogares, junto a las y los suyos, quienes albergan la esperanza y el deseo de su regreso”, agregaron.
Actualmente el Estado mexicano tiene, al menos, tres oportunidades para responder a su deuda histórica de verdad, justicia y agravios a miles de víctimas: el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, el cumplimiento de las recomendaciones del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico y, el cumplimiento de una sentencia histórica dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato, dentro del amparo indirecto 565/2018-I, promovido por Tita Radilla en contra de las omisiones de las autoridades en la búsqueda e investigación de la desaparición forzada de su padre.
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Esta sentencia es la primera a nivel nacional que analiza con detalle las implicaciones de la mal llamada “guerra sucia”. Además, abre una oportunidad para resignificar los eventos de esa época como una verdadera política de terrorismo de Estado y sancionar a los máximos responsables de confeccionar dicha política, profundizar en el conocimiento de información hasta ahora oculta por las Fuerzas Armadas, y generar esquemas que redignifiquen la vida de las víctimas, quienes no tuvieron más opción que la rebeldía como forma legítima de oponerse a las desigualdades, la opresión y la precarización de sus vidas por parte del Estado Mexicano.