Organizaciones defensoras de periodistas, de derechos humanos, junto con las que luchan por la protección de las víctimas infantiles de violencia sexual y trata, manifestaron un enérgico rechazo ante las recientes decisiones judiciales que favorecen a los responsables de delitos graves como los de Mario Marín, Kamel Nacif y Adolfo Karam, ya que evidencian un preocupante patrón de complicidad que revictimiza a las víctimas y perpetúa la impunidad.
La reciente liberación de estos individuos, involucrados en redes de macrocriminalidad, no solo contraviene el interés superior de la niñez, sino que también socava la confianza en el sistema judicial que es complaciente con las argucias jurídicas, señalaron.
La violencia sexual infantil es una de las formas más severas de violencia, con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus comunidades. Sin embargo, la falta de acción efectiva y la tendencia de las autoridades a individualizar las acciones delictivas han llevado a sentencias que favorecen a los perpetradores, ignorando el contexto más amplio como redes de macrocriminalidad con poder político y económico, destacaron.
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Las decisiones judiciales que minimizan la gravedad de estos delitos y que no consideran el poder real de la red de complicidad entre los acusados envían un mensaje alarmante: que los poderosos pueden evadir la justicia.
Por lo anterior exigieron al poder judicial que actúe con responsabilidad y compromiso para garantizar la protección de los derechos de las víctimas.
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Es imperativo que el Consejo de la Judicatura revise inmediatamente este “sospechoso” patrón de liberaciones asegurándose que las y los jueces implicados no sean objetos de presiones o respondan a intereses contrarios al interés superior de la niñez. La justicia debe ser efectiva, y las denuncias de las víctimas deben ser escuchadas y respetadas.