El Poder Judicial tiene problemas graves por resolver, pero no se ve dónde están los abusos de los cuáles se le responsabiliza desde la mayoría en el Poder Legislativo, por revisar acciones de inconstitucionalidad por deficiencias en los procesos de aprobación de reformas, planteó el ministro de la Suprema Corte, Javier Láynez.
Ello, al participar en el cuarto foro de debate de la reforma judicial, organizado por el Congreso de la Unión.
Al exponer sus preocupaciones ante los elementos de la reforma judicial propuesta por el Presidente de la República, el juzgador pidió que ésta se procese conforme a diagnósticos claros y a partir de un diálogo en el que se hable “de todo”.
Te podría interesar
Como ejemplo y ante los cuestionamientos al Alto Tribunal por sus resoluciones ante impugnaciones a determinaciones de la mayoría en el Legislativo y políticas públicas, así como decisiones de gobierno, presentó cifras para descartar los excesos referidos.
“Únicamente como dato curioso, desde 1996 la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos, ¿saben cuántas declaratorias de leyes federales lleva?, cuatro, respetuosamente, no veo el abuso de la Corte, por proceso legislativo”, atajó.
Te podría interesar
En cuanto a resoluciones por incumplimiento del Legislativo en materia de consultas en particular a pueblos indígenas, de 116 asuntos, la Corte emitió fallos a favor en 91 casos.
Ello se debió a que los legisladores incumplieron su obligación constitucional de consultar a las comunidades antes de aprobar proyectos, aunado a que las impugnaciones al respecto, han sido presentadas por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus homólogas a nivel estatal, recordó al Legislativo.
Preocupaciones ante la reforma judicial
Ante señalamientos de que el Judicial se ha excedido en su labor de contrapeso, indicó que la atención a esa anomalía es revisar los temas de control concentrado.
En sus intervenciones, explicó cuándo, cómo y por qué se implementaron mecanismos de contención a las decisiones gubernamentales como las acciones de inconstitucionalidad, con el fin de defender los derechos de la ciudadanía y las minorías.
Habló de las controversias constitucionales y la función de poner freno a las “facultades metaconstitucionales” del Presidente, así como de permitir la defensa de municipios ante decisiones centrales.
Planteó que el interés legítimo ha permitido a grupos sociales y vulnerables protegerse de acciones gubernamentales y demandar respeto a derechos culturales, sociales, así como al medio ambiente.
Si ese elemento no está bien definido y la Corte lo ha ido delineando a través de jurisprudencia, que se revise, pero no se afecte ni se elimine porque es factor de defensa de comunidades.
Corrupción entre jueces
El ministro Láynez refrendó sus dudas respecto a si la reforma en los términos planteados, resolverá los problemas del sistema judicial.
Reiteró su llamado a que los cambios se aprueben conforme a diagnósticos y datos precisos.
Sobre las acusaciones de corrupción contra juzgadores, cuestionó con fundamento en qué cifras se sugiere que mil 657 juzgadores y más de 30 mil abogados en el sistema de carrera son todos corruptos y entre ellos, “todo está podrido”.
Si bien existe una percepción ciudadana de que los jueces no imparten su labor adecuadamente, pidió no olvidar que más del 93 por ciento de los casos se presentan en el fuero común, es decir, corresponden a la justicia local.
Aclaró que no se culpa a la justicia local, pero son las policías municipales y estatales y las procuradurías de justicia y fiscalías, las primeras en atender al ciudadano, mucho antes de que el Poder Judicial federal tengan que intervenir.
Dudas sobre la elección de juzgadores en urnas
En cuanto a la parte central de la reforma, que plantea la elección en urnas de los jueces, ministros y magistrados, para terminar con el tema de la corrupción, indicó que nadie dice que los mexicanos “sean tontos” y no vayan a tomar una buena decisión.
Sin embargo, explicó que tendrán que valorar los perfiles de 2 mil 88 personas para elegir, tan sólo en la Ciudad de México, a seis integrantes de cada uno de los 352 órganos de justicia en la capital.
Hay funciones en el Estado mexicano que no pueden llevarse a la votación en urnas, enfatizó, y estas están en el Poder Judicial, en el magisterio o en el sector salud.
Dijo entender que los legisladores están haciendo un esfuerzo para no afectar la carrera judicial con la reforma, pero la propuesta si la afecta.
Recalcó que de 35 mil personas que están cumpliendo con la carrera judicial, 17 mil son mujeres, todas y todos los integrantes son “jueces en potencia” y todos han cumplido con los concursos que marca la ley.
Ganar un espacio en el Poder Judicial por voto, orillará a los aspirantes a que busquen “ser populares” y contar con apoyo de quienes propondrán a los candidatos”, alertó, y esas son parte de las dudas que genera el contenido de la propuesta del Ejecutivo, enfatizó el integrante de la Corte.