Los Poderes Judiciales a nivel local coinciden en que se requiere una reforma en materia judicial, pero no en los términos que plantea el Presidente de la República, señalaron magistrados invitados al sexto foro de debate organizado por la Cámara de Diputados.
Desde Puebla, los participantes dejaron en claro que no se oponen a mejorar y perfeccionar las instituciones de justicia a nivel federal y estatal, sino a elementos que son centrales en la propuesta presidencial y que pueden generar más problemas de los que se busca resolver.
Hicieron propuestas de ajuste a lo propuesto por el Ejecutivo Federal, al señalar que la elección de juzgadores en las urnas y las afectaciones a la carrera judicial, no son la respuesta adecuada.
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Tribunales Superiores sugieren cambios a la reforma judicial
El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, CONATRIB, coincidió en que se requiere una judicatura moderna, austera y que cumpla sus funciones adecuadamente.
Los cambios en análisis se tienen que impulsar en conjunto, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, indicó.
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Admitió que la historia ha alcanzado a los juzgadores en todo el país y nadie se puede quedar atrás ante la decisión del “pueblo”.
Recordó que la justicia local atiende el 70 por ciento de los asuntos a nivel nacional, con menores recursos del Poder Judicial Federal, que trata el 30 por ciento de los casos.
Los juzgadores quieren abonar a que la reforma sea eficaz en los hechos y por eso proponen una elección gradual de los integrantes de los poderes judiciales, anotó.
Que la sustitución no sea de golpe, como indica la iniciativa presidencial, sino paulatina y conforme se van desocupando las plazas por fin del encargo, renuncia, muerte y otras causas; aunado a que el número de “aspirantes” por vacante debería ser de 3 y no 6.
Que haya paridad en las ternas de aspirantes, que al menos la mitad tengan carrera judicial y los juzgadores electos sean capacitados antes de asumir el cargo.
Certeza y seguridad para todos los juzgadores en funciones que quieran participar; que los competidores no electos puedan reintegrarse a sus cargos para terminarlos; que participantes en la elección no pierdan su plaza y éstas no sean renovadas ni puestas a concurso, hasta que terminen los encargos.
En tanto, los Tribunales de Justicia locales se comprometen a coordinarse con el Ejecutivo para la adecuada implementación de la reforma, con la austeridad, el combate a la corrupción, con la política de cero impunidad y a combatir el nepotismo.
Ofrecen modernizar justicia local digitalizando procesos, acatar el nuevo Código en materia civil y familiar, capacitar a los jueces, emitir decisiones imparciales, honestas con rigor intelectual y con nivel técnico.
También, actuarán con responsabilidad social, atenderán al pueblo en jornadas judiciales en las localidades,
podrían presentar informes dirigidos al pueblo, aunado a que habrá áreas de atención ciudadana.
No olvidar el pacto federal
El presidente del Consejo de la Judicatura en Puebla, José Eduardo Hernández Sánchez, consideró que los cambios permitirán mejorar la actuación de los tribunales locales, pero pidió no olvidar el “pacto federal”.
La magistrada Rebeca Aladro Echeverría Cheverría, presidenta Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, indicó que Poderes Judiciales sólidos son la columna vertebral de cualquier democracia.
Sin sistemas judiciales fortalecidos, la justicia y los derechos de la ciudadanía estarán en riesgo. Los mecanismos de disciplina judicial propuestos no pueden llegar al extremo de afectar la independencia del Poder en cuestión ni sus integrantes, externó.
De acuerdo con la reforma, no con sus ejes centrales
El magistrado de circuito y visitador judicial A, del Consejo de la Judicatura Federal, José Faustino Arango, señaló que debe haber reforma, pero algunos de los ejes centrales propuestos por el Presidente, son riesgosos.
Los juzgadores no están cerrados a reformarse ni a adaptarse a cambios sociales, pero es necesario ajustar los “cómos” de la iniciativa, subrayó.
Los cambios legales deben incluir a las policías y fiscalías locales, ya que el 80 por ciento de sus actuaciones terminan en análisis en los tribunales locales, que son el primer punto de contacto de la ciudadanía con la justicia.
La elección de juzgadores no resolverá los problemas existentes sino que los agravará, aunado a que se afectará la calidad de la justicia y la independencia de los juzgadores, advirtió.
Recibió aplausos al defender la carrera judicial y afirmar que más de 20 años de experiencia en el ramo le permiten afirmar que la mayoría de los jueces son honestos y los “malos elementos”, son sancionados.
Las prisas “no son buenas consejeras” y la reforma debe avanzar, sin que su intención sea politizar la justicia, dijo.
Humberto Arróniz Meza, magistrado de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, planteó que los Poderes Judiciales a nivel federal y local deben ser autónomos, y no pueden ser sometidos a presiones externas incluso políticas, que los desvíen de su objetivo de impartir justicia.
“De nada serviría la reforma a nivel federal, si no se ajustan los poderes judiciales locales”, pero sin caer en el error de debilitarlos, planteó.
Reforzar los Poderes locales con el servicio de carrera y con medios alternativos de resolución de controversias, los cuáles permitirán que el ciudadano acceda a la justicia de manera más ágil, propuso.
Justicia especializada, no jueces populares
En su ponencia, Susana Gabriela Camacho Maciel, abogada y consultora de las organizaciones no gubernamentales México Evalúa, Fiscalía que Sirva y La Justicia que Queremos, indicó que el sistema judicial en el país está en un momento “de quiebre” y delicado.
Manifestó que el proyecto a discusión no tiene una visión “sistémica” sobre los problemas de la justicia local y cómo resolverlos.
Plantear la “misma receta” para el Poder Judicial y los Poderes locales cuando “son pacientes con distintas enfermedades” es un error, puntualizó.
Cuestionó a los legisladores si ya dimensionaron el costo que tendrá paralizar la justicia a nivel nacional sometiendo a elección a todos sus juzgadores y sustituyéndolos de una sola vez, como dice el proyecto en análisis.
Consultó si ya se tiene previsto el costo financiero de las elecciones extraordinarias que de acuerdo a la reforma tendrán lugar en 2025, en las que se habrán de emitir boletas con decenas e incluso cientos de nombres de candidatos, tan sólo en la Ciudad de México.
Sabela Patricia Asiain Hernández, jueza Décimo Familiar por Audiencias en Chihuahua fue clara al sentenciar que impartir justicia es una tarea especializada que no puede quedar en manos de quienes no tengan experiencia, aunque sean electos por la población en las urnas.
La carrera judicial es trascendental para quienes quieran ser juzgadores, ya que su tarea requiere de especialización y profesionalización, de lo contrario, pasarían cosas “muy graves” como en su natal Chihuahua donde se eliminó la carrera judicial y con ello, la paridad en los concursos de oposición, alertó.
A su vez, Raúl Juan Mendoza Unzón, magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Baja California Sur, recordó que el proyecto de reforma indica en artículos transitorios, que quienes se encuentren en funciones, deberán dejar el cargo en la fecha que tomen protesta los electos.
Esto significa la sustitución simultánea a todos los juzgadores en activo a nivel federal y local, lo cual representará severos riesgos.
Al pedir a los legisladores federales que procesen con cuidado la petición de aplicar gradualmente la reforma, remarcó que cesar y sustituir en simultáneo a todos los jueces no sólo pondrá en riesgo la seguridad jurídica de las personas, sino que generará desconfianza en la justicia en México.
Los procesos judiciales en curso se verán afectados y el mayor perjuicio será para los “justiciables”, es decir, para los propios ciudadanos que buscan justicia.
La afectación será aún mayor, anticipó, si los nuevos elementos electos no tienen experiencia específica en llevar procesos judiciales.
Es por ello que se requiere una aplicación gradual de los cambios por aprobar, remarcó el juzgador.