Las reformas aprobadas por la mayoría en el Congreso de la Unión en materia de amnistía y amparo, fueron impugnadas por la oposición en la Cámara de Diputados, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un pronunciamiento conjunto, los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtieron que esas normas son una expresión de la justicia selectiva que impulsa el Gobierno Federal.
Indicaron que una vez publicados oficialmente ambos ordenamientos avalados a finales del pasado mes de abril, antes de finalizar el último periodo ordinario de sesiones de la saliente Legislaturaen y en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución, un tercio de los integrantes en San Lázaro llevaron al Alto Tribunal esos asuntos con el fin de defender las libertades, equilibrios y controles de poder en el país.
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Ley de Amnistía
En el caso de la Ley de Amnistía, advirtieron que violenta el derecho de acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas, al impedir que tribunales emitan sentencias.
Consideraron que las disposiciones promovidas desde la presidencia de la República generarán impunidad, también impedirán que las víctimas tengan acceso a la verdad y a la justicia, lo cual representa violaciones a sus derechos humanos.
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La reforma en cuestión se convierte en manos del Ejecutivo Federal en un instrumento de persecución política, ya que la condición para acceder a la amnistía es que personas en prisión acusen e incriminen a terceros, lo cual podría propiciar que se presenten declaraciones falsas con el fin de acceder a esa medida, alertaron.
Señalaron que los cambios invaden las facultades exclusivas del Legislativo, ya que el Ejecutivo se adjudicó una facultad que no le corresponde.
“Ni hoy ni mañana la justicia puede ser selectiva, siempre encontraremos un camino para combatir las arbitrariedades”, expresaron.
Ley de Amparo
Respecto a la Ley de Amparo, explicaron que impedirá a los jueces emitir suspensiones de actos de autoridades, pese a que estos puedan afectar los intereses y derechos de la sociedad.
Recalcaron que esas modificaciones legales, anulan el amparo como un mecanismo efectivo de defensa de los derechos ciudadanos.
“Con esta restricción el acceso a la justicia para los que menos tienen será más difícil. La ley reformada garantizaba que cualquier suspensión que afectara sus derechos era aplicable a cualquier persona. Sin embargo, con esta reforma deberán contratar abogados, especialistas cuyos servicios suelen ser altos", argumentaron.
Los ajustes en materia de amparo impedirán a los jueces suspender la aplicación de normas generales como leyes, decretos y reglamentos, lo cual significa que se otorga más poder al Ejecutivo Federal y se limitan los medios de defensa y protección legal de quienes consideran que acciones gubernamentales violentan sus derechos.
Entre los argumentos en contra de esa norma, indicaron que violenta el artículo 17 constitucional en materia de derecho a la tutela jurídica efectiva; así como disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que protegen las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial.