Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra hicieron un llamado a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Congreso de la Unión a desechar la iniciativa de reforma constitucional que transfiere la Guardia Nacional a la Sedena, porque de concretarse implicaría una violación al principio de separación de poderes y a la independencia judicial.
A través de un comunicado subrayaron que esta reforma sienta la base para la participación de militares en todos los órdenes de la vida pública civil del país y valida todas las tareas extra constitucionales y violatorias de las obligaciones internacionales de México que han sido otorgadas a las fuerzas armadas.
Cómo respuesta al anuncio formulado por Sheinbaum respecto a que traspasará el mando de la GN al Ejército, advirtieron que la reforma también contempla la ampliación de la obligación del Ejecutivo federal para disponer de la Fuerza Armada permanente establecida en el artículo 89, fracción VI, también a labores de seguridad pública.
Te podría interesar
Esta es una reforma significativa, porque trastoca sustantivamente la disposición del artículo 129 de la Constitución, de las facultades de las instituciones armadas en tiempos de paz para dotarlas de la facultad de actuar militarmente en ejercicio de atribuciones de las leyes que emanen de la propia Constitución, es decir, de cualquier ley del orden jurídico mexicano sin ninguna excepción.
Avanzar con una serie de reformas de esa naturaleza es, en realidad, una redefinición de las relaciones cívico-militares, que rompe el orden Constitucional definido desde 1917, mediante el cual se estableció que las Fuerzas Armadas en tiempos de paz no podrían realizar más actividades que las propias relacionadas con la disciplina militar y que estarían subordinadas a la autoridad civil.
Te podría interesar
Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra mencionaron que para cumplir con lo dispuesto por la Constitución y las obligaciones internacionales de México, la próxima presidenta debe presentar un plan de desmilitarización, así como a poner en marcha mecanismos de fiscalización de la actuación de las fuerzas armadas cuando desempeñan de manera extraordinaria labores de seguridad pública.