La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) hizo un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que respete la Constitución y no invalide la prisión preventiva oficiosa, la cual es una restricción válida del derecho humano a la libertad, en virtud de que este no es absoluto.
Aseveró que la eliminación de dicha medida cautelar implicaría la liberación de 60 mil personas sujetas a procesos por delitos como feminicidio, delincuencia organizada, secuestro y homicidio, entre otros, lo que propiciaría que la sociedad quede expuesta a graves riesgos, principalmente las víctimas, testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso, ya que es frecuente que los procesados que quedan en libertad atenten contra quienes los han señalado, se evadan o vuelvan a delinquir de lo cual, se cuenta con un gran número de casos.
En el marco de la asamblea plenaria que se realizó el pasado 21 de junio, los fiscales y procuradores de todo el país puntualizaron que la Corte debe tomar en cuenta que la Constitución es la ley suprema del país, por ello debe prevalecer aún ante una sentencia del Tribunal Interamericano.
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Asimismo, señalaron que al preferir la norma internacional, se pone en riesgo la soberanía nacional, y daría pauta a que autoridades extranjeras establecieran lineamientos para la organización y funcionamiento del país, aun desconociendo el contexto delictivo y de violencia imperante.
Indicaron que la prisión oficiosa no es sobre inclusiva, por el contrario, está limitada a los delitos que protegen los bienes jurídicos de mayor valía para la sociedad y destacaron que su eliminación tendría efectos negativos inconmensurables en el sistema de justicia y los derechos de las partes, los cuales van desde el retardo en la conclusión de asuntos, hasta la sobresaturación de solicitudes de revisión de medidas cautelares y el colapso por la insuficiencia del personal involucrado en su atención.