Amnistía Internacional señaló que existe una crisis de derechos humanos en México que queda evidenciada entre otras cosas, por el uso del sistema penal de manera arbitraria contra quienes denuncian violaciones, las investigan y que acompañan a las víctimas en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño.
En el marco de la presentación del informe “Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, advirtió que es evidente que el Estado usa el sistema judicial para amedrentar a las víctimas y personas defensoras.
Este informe detalla y documenta los casos de la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti, quienes fueron sujetas a una investigación indebida y a espionaje por parte del Estado mexicano por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro.
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La intervención de las autoridades se dio sin que contaran con evidencias suficientes que mostraran la relación de las tres personas defensoras con alguno de los delitos referidos, agregó.
La investigación y el espionaje ocurrieron cuando las tres defensoras trabajaban, desde sus distintas disciplinas, para esclarecer las masacres de personas de diversas nacionalidades halladas en agosto de 2010 y abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas.
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Aunque la investigación y el espionaje datan de 2016, a la fecha se desconoce si ambos continúan.
Esta incertidumbre, que se mantiene desde hace ocho años, ha puesto a las tres defensoras de derechos humanos en una situación de indefensión, pues existe la amenaza constante de que continúe el uso indebido del sistema de justicia y sean investigadas sin que se garanticen las normas básicas del debido proceso.
Olivares Ferreto explicó que las autoridades responsables del espionaje y la investigación pertenecen a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la actual Fiscalía General de la República (FGR), quienes contaron con autorización de altos niveles jerárquicos de la entonces PGR.
Hasta el momento, ningún funcionario ha sido investigado por las presuntas violaciones a derechos humanos detalladas en el informe de Amnistía Internacional a pesar de que las investigaciones se realizaron sin darle a ninguna de las tres la calidad de “imputadas”; tampoco les notificaron de la acusación en su contra, ni de qué las investigaba.