Organizaciones de la sociedad civil defensoras de las infancias y sus derechos, hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a proteger los derechos a la salud y la información de esta población, ante la oposición permanente de la industria alimentaria frente a la implementación y mantenimiento del etiquetado frontal de advertencia.
Algunas empresas de la industria alimentaria promovieron amparos que serán discutidos por la SCJN en los próximos días, ya que éstas argumentan que la política de etiquetado claro impuesta por el gobierno es excesiva y viola su libertad comercial.
En esta ocasión, las empresas que presentaron las demandas fueron Santa Clara -subsidiaria de FEMSA Coca-Cola-, Herdez, Nutrisa, así como la embotelladora Desde el corazón del fruto.
Te podría interesar
Dichas empresas han argumentado que el etiquetado viola sus derechos y que no es eficiente. Sin embargo, la evidencia demuestra lo contrario.
De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el etiquetado frontal de advertencia es una estrategia costo-efectiva para disminuir el consumo de nutrientes críticos que contribuyen al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles que son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
Te podría interesar
En respuesta a estos amparos, especialistas legales de El Poder del Consumidor sostienen que la política de etiquetado claro es una medida vital para proteger a los consumidores, quienes tienen derecho a tomar decisiones informadas sobre su alimentación, salud y estilo de vida.
Por su parte, diversas organizaciones nacionales e internacionales han enviado más de 35 amicus curiae para mostrar su apoyo al etiquetado, incluyendo cartas de Michael Fakhri y Tlaleng Mofokeng, relatores del derecho a la alimentación y a la salud, así como Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas, respectivamente, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como el UNICEF, el Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS), el Global Health Advocacy Incubator (GHAI), la Universidad de los Andes, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el O’Neill Global Center for Legal Innovation on Food Environments de la Universidad de Georgetown, la Alianza por la Salud Alimentaria, la International, entre otras.
Después de analizar en profundidad el caso, los tres proyectos de sentencia elaborados por ministros de la Segunda Sala niegan el amparo a las empresas y dan sustento constitucional al etiquetado, hecho que permite esperar el respaldo del pleno de la SCJN a los mismos, señalaron finalmente.