El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) frustró la aspiración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien buscaba llegar por segunda ocasión a la Cámara de Diputados.
Por mayoría de cuatro votos, la Sala Superior del órgano jurisdiccional revocó el registro del exgobernador de Tamaulipas como candidato a una diputación federal, debido a que es inelegible por contar con dos órdenes de aprehensión y ser un prófugo de la justicia.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue el único que votó en contra del proyecto, al argumentar que no existe una resolución judicial que determine que Cabeza de Vaca es un prófugo de la justicia o que sus derechos político-electorales fueron suspendidos.
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“Cómo puede considerarse prófugo de la justicia alguien que está legalmente en libertad y no puede ser detenido. No existe ni la declaración judicial de estar sustraído de la justicia, ni la declaración judicial de haberlo suspendido de sus derechos político-electorales. Y, por otro lado, respecto de las dos órdenes de aprehensión derivadas de las causas penales 139 de 2021 y 51 de 2024, que constan en el expediente, yace, también consta en el expediente que se han concedido una suspensión definitiva y una suspensión provisional, respectivamente”.
En respuesta, la magistrada Janine Otálora Malassis señaló que las suspensiones no invalidan las órdenes de aprehensión que se libraron contra el político tamaulipeco.
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“Y esto porque estas órdenes de aprehensión no se invalidan con la suspensión, ya que el único efecto de ésta, es que el candidato no pueda ser privado de su libertad, pero en ningún momento tiene como efecto invalidar la existencia o vigencia de los actos de origen”.
En contraste, el TEPJF confirmó la candidatura de Ricardo Anaya, quien busca llegar al Senado de la República, debido que no se acreditó la existencia de una orden de aprehensión, ni que se encuentre sustraído de la acción de la justicia, a fin de evitar ser sujeto a proceso penal.
Durante la sesión, Janine Otálora dio a conocer que va a presentar una denuncia por la filtración de sus dos proyectos de resolución a los medios de comunicación, así como a las partes involucradas en estos dos asuntos.