En acatamiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH); la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en los próximos meses un proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien propone inaplicar la prisión oficiosa y negar las órdenes de arraigo.
Pardo Rebolledo argumenta que la prisión de oficio, entendida como automática, resulta contraria a los derechos a la libertad personal, a ser oído, a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley.
Agrega que la inaplicación de dicha medida cautelar no debe verse como un impedimento para aplicar otro método restrictivo de la libertad como la prisión preventiva justificada, siempre y cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado o el desarrollo de la investigación.
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Señala que para evitar que la prisión preventiva no sea arbitraria y viole el derecho de presunción de inocencia, el Poder Judicial debe observar ciertos requisitos entre los que destacan: presentar los presupuestos materiales relacionados con la existencia del delito y ponderar si la medida cautelar tiene una finalidad, que sea idónea, necesaria y estrictamente proporcional.
En caso de que la SCJN apruebe el proyecto de Jorge Pardo, ésta tendrá efectos generales, por lo que deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal.
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Cabe recordar que la CoIDH determinó que, el Estado mexicano resultó internacionalmente responsable por la inobservancia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por establecer destacadamente a nivel constitucional las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, estableció, por una parte, dejar sin efectos, en el ordenamiento jurídico, toda la normatividad, incluyendo la constitucional, relacionada con el arraigo, y por otra adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales que prevén a la prisión preventiva oficiosa, para que sea compatible con la Convención Americana.