En territorio priista y acompañada por Alejandro Moreno, líder nacional del tricolor y el exgobernador Miguel Riquelme, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, encabezó un mitin con la estructura territorial en Saltillo, Coahuila.
La abanderada presidencial prometió retomar la experiencia de Coahuila y de Yucatán en materia de seguridad y extender el modelo a todo el país.
Gálvez Ruiz, destacó que el PRI ha tenido buenos gobiernos y que dos de ellos, son el que encabezó el ahora candidato al Senado Miguel Riquelme y el actual gobernador Manolo Jiménez.
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Al destacar que la seguridad es un tema prioritario de su propuesta de gobierno, Xóchitl Gálvez prometió devolver los recursos que dejó de entregar la actual administración a los estados para atender el problema de la inseguridad.
La abanderada presidencial por el PAN, PRI y PRD dijo que las energías renovables regresarán a la entidad y que su objetivo es aprovechar las ventajas que tiene Coahuila en materia de energía solar.
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Persiste injerencia de Ejecutivo en proceso electoral
Xóchitl Gálvez reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue interviniendo en el proceso electoral, al mencionar que una prueba de ello “es que le echaron” al Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Dijo que es el primer mandatario quien está hablando de un fraude, a pesar de los recursos que se están destinando a la campaña de Morena.
La candidata presidencial por el PAN, PRI y PRD sostuvo que las encuestas no están reflejando lo que sucede en las calles y en los eventos públicos, donde los ciudadanos le expresan su apoyo.
Guerrero, estado sin ley
Xóchitl Gálvez afirmó que Guerrero es un estado sin ley, debido a la violencia y a que se eligió a una gobernadora que no tenia el conocimiento que se requiere para el cargo que encabeza, además de que su papá el senador Félix Salgado Macedonio, está más interesado en bailar que en ayudar a atender el problema de inseguridad.
Sostuvo que no solamente deben renunciar a sus cargos los Secretarios de Gobierno y de Seguridad, así como la fiscal de justicia, luego del asesinato del normalista Yanqui Gómez Peralta.