La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpusieron diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) para impugnar la reforma con la que se autoriza el traslado de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de Nuevo León a la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad.
Sin embargo, el ministro Alberto Pérez Dayán rechazó otorgarles la suspensión a los congresistas, al argumentar que la suspensión de normas generales, sus efectos y/o consecuencias no se encuentra previsto en la ley reglamentaria.
Agregó que la norma impugnada no implica una afectación inmediata o inminente a algún derecho humano de manera irreversible.
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El 15 de junio del 2022, el Congreso de Nuevo León aprobó reformas al artículo 87 de la Constitución local para que la UIFE sea un órgano autónomo, y así su operación no dependa del ejecutivo estatal, con lo cual dicha instancia se convertiría en Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.
El gobernador Samuel García Sepúlveda se negó a publicar el decreto, al argumentar que se trata de un blindaje a la corrupción del PRI y PAN. No obstante, desde noviembre del 2023, la Primera Sala ordenó al mandatario estatal publicar el decreto.