Los acuerdos político electorales cuyo fin sea traficar influencias, cometer actos de corrupción, exonerar el pago de impuestos y realizar acciones penales, deberían ser sancionados con la suspensión de los derechos de los ciudadanos y también, con la prohibición de ser postulados a candidaturas de elección popular, pidió la bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados.
El coordinador Braulio López Ochoa presentó una iniciativa de reforma constitucional, para establecer las sanciones señaladas a quienes participen en pactos de corrupción.
López Ochoa Mijares agregó que quienes incurran en esas conductas, tampoco podrán ser nombrados para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por un lapso de ocho años.
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Acuerdos políticos de corrupción
El promovente señaló que la competencia electoral debe ser ajena a “vicios políticos” que comprometan la democracia, a causa de intereses particulares y actos de corrupción por parte de personas que busquen ocupar cargos públicos.
El legislador consideró necesario impedir que en el marco de alianzas y coaliciones electorales, se hagan pactos que condicionen el acceso a cargos de elección y nombramientos en la administración pública, a que haya tráfico de influencias, corrupción, exoneración del pago de impuestos y la realización de acciones penales.
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Aseguró que esas acciones afectan la libre elección de gobernantes, la transparencia de procesos electorales y también, el funcionamiento de las instituciones.
El tráfico de influencias es parte de la corrupción administrativa en que se incurre para influir en las decisiones de autoridades o servidores públicos, con el fin de obtener beneficio personal o para terceros, y se debe combatir, dijo.
Consideró que suspender los derechos político electorales por cometer esas prácticas irregulares, no es excesivo, por el contrario, es parte de la lucha contra la corrupción.