La defensa de los ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa, actualmente detenidos por delincuencia organizada, demandaron a la juez Raquel Duarte Cedillo que dicte el auto de libertad para sus clientes sin dejarse presionar por las autoridades federales.
En conferencia de prensa, los abogados Alejandro Robledo y César Omar González, denunciaron que las acusaciones contra los elementos del Ejército están basadas en las declaraciones de los testigos protegidos “Carla” y “Neto” miembros de la organización delictiva Guerreros Unidos, quienes han cambiado en varias ocasiones sus dichos ante las autoridades.
Los testigos sostienen que los militares recibían pagos de los grupos delictivos para brindarles protección, sin embargo, la defensa señala que no aportan ninguna prueba.
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El abogado Alejandro Robledo acusó a la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde de tratar de presionar al Poder Judicial para que los ocho militares permanezcan en la cárcel, por lo que son objeto de una persecución política.
“Esto no es más que una venganza personal de la Secretaria de Gobernación que amenazó que iba a obtener las ordenes y cumplió, podemos decir que tiene palabra, cumple con sus amenazas”, señaló.
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En tanto, el abogado César Omar González informó que la defensa pidió que se citara a los testigos protegidos de la fiscalía, sin embargo no se presentaron. Uno por razones medicas y el otro porque no fue localizado.
Indicó que por esta razón se debe dejar en libertad a sus defendidos.
“Oye pues no es tu testigo, entonces me estás diciendo fiscalía que perdiste al testigo protegido, o sea, el testigo protegido te mintió en torno a su domicilio y ahora no lo encuentras”, cuestionó.
Los abogados de los militares anunciaron que tienen previsto interponer denuncias penales contra los servidores públicos que integraron las acusaciones contra sus defendidos.
Aclararon que no tienen relación alguna con la Secretaría de la Defensa Nacional, ni comunicación alguna con miembros del ejercito, y que se trata de una defensa particular.
Se espera que este miércoles la jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca resuelva si son sujetos a proceso o no los ocho elementos del ejército actualmente detenidos en el Campo Militar número 1.