En la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dio el madruguete, al imponer un dictamen que no fue emitido por la Junta Directiva de la instancia dictaminadora, sino que empujaron ellos y aliados.
Esto, para sacar adelante la nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, propuesta por el Presidente de la República.
Con una larga y atropellada discusión previa a la aprobación del orden del día, los diputados del bloque morenista mayoritearon para empujar el “dictamen” que elimina la disposición que ordenaba al Ejecutivo Federal destinar recursos financieros necesarios para la oportuna atención de desastres naturales.
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El documento aprobado con 17 votos a favor, cinco en contra y una abstención, en lo general, será turnado a la Mesa Directiva de la Cámara, para su programación a debate y eventual aprobación en el Pleno.
En lo particular, la mayoría intentó que quedara establecido en actas, que no se presentó ninguna reserva con respecto al dictamen morenista.
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Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Ana María Balderas, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su voluntad de reservar todos los artículos del proyecto aprobado.
Reclamos por la imposición
Para cerrar su participación, Balderas Trejo advirtió que el país está expuesto a diversos riesgos por desastre y la mayoría no debe seguir pensando que una estufa de 8 mil pesos, remedia las pérdidas de los damnificados.
A los reclamos se sumó la secretaria de la Comisión y también integrante del PAN, Mariela López Sosa, quien sentenció que la mayoría aprobó un dictamen no por convicción de ayudar a la población en emergencia, sino porque se les instruyó.
En respuesta, la diputada de Morena, Olimpia Girón, defendió la decisión de cargar en manos de los estados, en primera instancia, la responsabilidad de disponer de presupuesto para atender emergencias.
Cuando no les sea suficiente, ya podrán pedir ayuda a la Federación, siempre y cuando la solicitud esté justificada, remarcó.
Recursos para atención de desastres
Logró que se integrara al orden del día, el dictamen que morenistas y aliados querían y comunicaron a la presidencia de la Comisión apenas el 23 de febrero pasado, y que no fue autorizado por la Junta Directiva.
El proyecto impuesto elimina la disposición que establecía la asignación de recursos federales para la atención de desastres naturales y la realización de adecuaciones presupuestales en caso de que los estados agotaran los dineros previstos para auxiliar a la población.
“El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveerá los recursos financieros necesarios para la oportuna atención de las situaciones de emergencias y de desastres, por lo que en caso de que los recursos disponibles asignados por las entidades federativas, se hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias para la atención emergente de la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica”.
Eso decía el artículo 19 del dictamen de la Comisión, que Morena y aliados eliminaron en el documento impuesto.
Nuevas disposiciones sobre protección civil
Dejará en manos de los gobiernos locales, la responsabilidad de emitir alertas tempranas sobre desastres naturales.
Prevé que los estados establecerán acuerdos con la Federación para poder acceder a recursos en caso de emergencia, cuando se agoten las partidas propias.
Las entidades también tendrán que apartar bolsas en sus respectivos presupuestos, para atender ese tipo de emergencias.
El planteamiento aprobado también reafirma la desaparición definitiva del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, al establecer su sustitución por mecanismos presupuestales federales de gestión de riesgos.
Asimismo, contempla la regulación de donativos para desastres naturales, para asegurar que éstos sean verificables, lleguen específicamente a los damnificados por desastres y su manejo sea transparente y eficaz.
Prevé sanciones a funcionarios públicos que autoricen la construcción de viviendas y otros desarrollos en zonas de alto riesgo, que pudieran poner en peligro la integridad de los habitantes.