El presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó, de nueva cuenta, el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante el que se le ordena abstenerse de emitir comentarios u opiniones sobre temas electorales.
El pasado 19 de febrero de este año, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que al emitir comentarios en contra de un partido político en la conferencia del 11 de enero de este año, el primer mandatario incumplió con lo que se le había instruido el año pasado, motivo por el cual la autoridad electoral volvió a ordenarle no hacer ese tipo de comentarios.
Al respecto, Arlín Maribel Pérez Parada, consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica, argumentó que dicho acuerdo es desproporcionado e injustificado.
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Agregó que la determinación del INE es contraria a los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política, lo cuales “prohíben en los términos más enérgicos la previa censura, toda vez que la emisión de expresiones no es permisible censurarla con antelación, sino que solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores de la persona que emite las ideas, pero esas responsabilidades sólo pueden derivar de una disposición expresa de la ley”.
Indicó que el acuerdo es ilegal y constituye un mecanismo de censura previa, lo cual restringe el derecho de libre expresión del titular del Ejecutivo federal; derecho fundamental que solo prevé algunas limitantes como: el orden público, la vida privada, los derechos de los demás y la moral.
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A decir de la representante de la Consejería Jurídica, para el caso de las democracias representativas, como lo es el nuestro, es un tipo de régimen político donde más obliga a los gobiernos y representantes populares a rendir cuenta de sus actos a los gobernados, a las asambleas y a los poderes judiciales, entre otros.
De esta forma, añadió, la rendición de cuentas es elemento central de la democracia representativa, uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan su mandato con transparencia, honestidad y eficacia.
Por estos motivos, la Consejería Jurídica solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo del INE.