La magistrada Taissia Cruz Parcero afirmó que las reformas constitucionales aprobadas en los tres últimos meses, son motivo de preocupación para la defensoría pública, para el gremio de abogadas y abogados, así como para organizaciones de la sociedad civil.
Al presentar su informe de labores como directora del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), la impartidora de justicia sostuvo que el traslado de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas, el aumento al catálogo de delitos de prisión preventiva
oficiosa, la introducción de la figura de los jueces sin rostro, la previsión de mecanismos disciplinarios que serán una constante amenaza para la independencia judicial, así como la pretendida abolición del control de convencionalidad mediante la mal llamada reforma de supremacía constitucional, representan decisiones que no son compatibles con la democracia.
“El conjunto de reformas constitucionales realizadas en estos tres últimos meses, son preocupantes para la Defensoría Pública Federal al igual que para la academia, el gremio de abogadas y abogados, activistas y organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos. No son decisiones compatibles con la idea de democracia sustantiva ésa que tiene como condición no solo elecciones periódicas, sino la división de poderes, sujeción de éstos a la ley, el respeto a los derechos humanos y la garantía a los derechos sociales”.
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Cruz Parcero destacó que la elección de jueces enciende las alertas, debido a que generará retrasos en perjuicio de las personas.
“La sustitución de personas juzgadoras que se avecina con motivo de la reforma judicial, enciende las alertas, pues generará nuevos retrasos procesales en perjuicio de las personas. Para esta Defensoría, la reforma en ciernes constituye un gran reto. Muchas veces, habrá que volver a empezar. Explicar, con paciencia y claridad a las y a los nuevos juzgadores cuáles son las reglas del debido proceso, qué consecuencias tienen las violaciones a derechos humanos dentro del mismo”.
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La magistrada confió en que la fuerza y compromiso de las personas defensoras y asesoras jurídicas, continuará siendo, como hasta hoy, parte de la muralla que contenga al poder arbitrario y acompañará a las personas que más lo necesitan en la lucha por la justicia, verdad y reparación.