El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) externó su preocupación por la iniciativa que presentaron legisladores de Morena para blindar las reformas constitucionales.
El instituto advirtió que de aprobarse esta reforma, cualquier modificación a la Constitución quedaría exenta de escrutinio judicial, aun si se detectan violaciones al procedimiento legislativo, a la deliberación pública o si las reformas contravienen tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales México es parte.
Esto incluye, incluso, aquellas reformas que podrían limitar los derechos fundamentales.
Indicó que la eliminación del control constitucional afectaría profundamente el orden jurídico, ya que debilitaría los mecanismos de defensa establecidos para proteger a las personas contra abusos del poder público.
Mencionó que el segundo transitorio transgrede el principio de no retroactividad, que si bien, pretende anular los recursos legales actuales contra la reforma judicial, tendría efectos para otros procesos judiciales como la revisión de la figura de prisión preventiva oficiosa que ya fue declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Refirió que si bien resulta positivo que se retirara la propuesta de modificación al artículo primero constitucional respecto al control de convencionalidad, persiste el riesgo de la limitación de todos los controles judiciales sobre las reformas constitucionales, lo que supone una grave regresión en la protección de los derechos humanos de las personas, como límites ante decisiones de las mayorías.