POLÍTICA

Elección judicial, 'una farsa', advierte PRI en San Lázaro

Recorte presupuestal al INE tiene como fin permitir que el partido Morena y el gobierno pongan a los juzgadores, alerta el líder del tricolor en la Cámara de Diputados.

El PRI aleta de fraude con la elección en el poder judicial.
El PRI aleta de fraude con la elección en el poder judicial.Créditos: Freepik
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La elección judicial impuesta por la mayoría en el Congreso de la Unión y que se llevará a cabo en 2025, será una “farsa” y así lo advirtió la oposición desde que la reforma al Poder Judicial fue lanzada, sentenció el líder parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

Las limitaciones presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE) para que organice los comicios señalados, tienen como fin que el partido en el gobierno manipule aún más el proceso y sea el que decida quiénes quedarán como jueces, ministros y magistrados, alertó.

En su programa en plataformas de internet “Con peras, manzanas y naranjas”, el congresista apostó a que las dificultades en que se ha puesto a la autoridad electoral para llevar a cabo la elección del año entrante que el bloque mayoritario y la Presidencia impulsaron, tienen como fin llevar al extremo ese proceso.

Moreira Valdez pidió no descartar que pronto, la mayoría saldrá con más modificaciones al marco legal, para lograr que el voto en la elección judicial se lleve a cabo por internet y que los juzgadores salgan electos por “tómbola”.

Lo anterior, luego de criticar que por falta de recursos, el INE no tuvo otra alternativa que optar por instalar centros de votación alejados de los propios votantes, debido a la falta de dinero para colocar las casillas que se requerirían para llevar a cabo el proceso extraordinario.

“Y van a tratar de que votemos por internet, ¡imagínate el fraudesón que se van a meter!, o van a hacer tómbola (…) ¡esto es una farsa, se los dijimos, esto es una farsa!, les están viendo la cara o se las quieren ver, no van a elegir a nadie, ellos van poner los nombres (…) es que no va a haber casillas”, anticipó.

Afirmó que trastocar de ese modo la elección judicial puede ser un antecedente para otros procesos electivos.

Al criticar la precariedad con la que se organizarán las votaciones por juzgadores, subrayó que en su momento, la falta de casillas, la instalación de centros de votación con una sola urna y la falta de candados de seguridad en boletas que serán confusas y difíciles de llenar, el legislador recordó que su partido es el único que ha hecho un simulacro de lo que podría ocurrir en junio de 2025.

El ejercicio hecho por su equipo demostró que la votación será confusa y se prestará al fraude orquestado por quienes promovieron la reforma judicial.

“Éstos van a salir con una barbaridad”, aunado a que ya no hay tiempo ni dinero para corregir el camino, vaticinó.

Cierre 2024

Aunado al tema de la elección judicial, el legislador señaló que el 2024 cierra mal, ya que avanzaron cambios políticos y legales que enfilan al país a la dictadura.

Habló del rechazo de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a las propuestas del PRI y del Partido del Trabajo (PT), a las que luego se sumó el Partido Acción Nacional (PAN), de suspender el pago del Fobaproa.

Eso demuestra, arremetió, que el partido Morena no es de izquierda ni progresista, sino que es conservador y protector de la “oligarquía” y los banqueros a los que se sigue pagando el rescate bancario.

Añadió que el 2024 termina con la destrucción de instituciones, fracasos de proyectos emprendidos el sexenio anterior y el retroceso de la reforma judicial.

De igual modo, a México le espera la llegada del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump y el riesgo de que cumpla sus amenazas de hacer deportaciones masivas de migrantes, incluyendo mexicanos.

Ante la situación, adelantó que promoverá un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para establecer que los mexicanos mayores de 65 años que retornen al país vía deportación, accedan de inmediato a la pensión para adultos mayores, y que se garanticen al 100 por ciento los derechos de los menores de edad.