Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad deben contar con el pleno derecho de acceso a la educación en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, lo cual se logrará implementando disposiciones que prohíban y eviten la discriminación en su contra, señaló la integrante de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Elizabeth Martínez.
La congresista propuso reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de establecer que las autoridades en materia educativa tomarán las medidas necesarias para garantizar que las escuelas del país contarán con condiciones de accesibilidad y recursos tecnológicos necesarios para que alumnos con algún tipo de discapacidad cuenten con esas herramientas y su aprendizaje se empareje al del resto de los alumnos.
Asimismo, deberán asegurar que habrá apoyo didáctico y personal preparado para impartir educación de calidad en todos los niveles y modalidades a los estudiantes con alguna discapacidad.
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De igual modo, se impulsará y apoyará su desarrollo con actividades culturales y deportivas.
Para cumplir esos propósitos, agregó, se autorizará a los responsables del sector educativo a celebrar convenios y acuerdos.
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Agregó que su iniciativa prevé establecer la obligación de aplicar disposiciones para garantizar la inclusión y nivelación de los alumnos señalados.
No se podrá negar ni restringir su inclusión en el sistema educativo, tampoco su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas ni culturales en la educación pública y en la privada.
De igual modo, se promoverán acciones de sensibilización de la población, comenzando por la familia, para fomentar la inclusión, respeto a sus derechos y dignidad de menores y adolescentes con discapacidad.
Derecho a la educación inclusiva
Al defender el proyecto turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su estudio y eventual aprobación, la diputada Martínez Álvarez enfatizó que la educación es un derecho de todos los mexicanos, ya que forma parte de su desarrollo y el de la sociedad.
Recalcó que si bien ello está reconocido en la Constitución, en los hechos no hay un acceso integral a la educación inclusiva para personas con discapacidad, tampoco se cumple la disposición legal de que todo estudiante accederá a educación de calidad y gratuita.
Hay retos significativos para quienes viven alguna situación de vulnerabilidad, incluyendo a los alumnos con alguna discapacidad física, mental, intelectual o sensorial permanente o temporal.
Ante la situación, dijo, es necesario eliminar las barreras que les impiden tener una inclusión plena y efectiva en el sistema educativo, en condiciones adecuadas y el igual de circunstancias con el resto de los alumnos.