Las niñas, niños y adolescentes que reciban atención en centros de asistencia social y en Procuradurías de Protección al menor deben tener derecho a contar con servicios médicos y de salud mental ofrecidos por personal capacitado, propuso establecer en la ley, el integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Guillermo Anaya.
El legislador planteó cambios a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Las modificaciones al artículo 111 del ordenamiento, establecen como obligación de los titulares o responsables legales de centros de asistencia social, proporcionar atención en salud mental a los menores que se encuentren bajo su custodia.
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En el artículo 122, pidió agregar que las Procuradurías de Protección a menores procurarán dar atención en salud mental a niñas, niños y adolescentes cuyos casos traten.
Salud mental para menores de edad
En la argumentación, el diputado Anaya Llamas señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la infancia se cataloga desde el momento del nacimiento y hasta la pubertad, mientras que se considera adolescentes a quien tiene de 10 a 19 años de edad.
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En ese entendido, indicó que su propuesta pretende ampliar la protección a niños y adolescentes de hasta 19 años que deban estar en centros de asistencia o por distintos motivos estén involucrados en casos que se desahoguen en las Procuradurías de Protección a menores.
Recalcó que la salud mental y prevención de adicciones deben tener prioridad en las políticas públicas de salud, y esos servicios deben llegar sin discriminación alguna a la población señalada.
Hizo énfasis en que salud mental no solo es la ausencia de trastornos mentales, sino que es fundamental para que niños y adolescentes puedan pensar, sentir, aprender, establecer relaciones significativas de manera natural y sana.
La Convención de los Derechos del Niño, recordó, añade que es una obligación ética y legal implementar medidas adecuadas para salvaguardar a niños y adolescentes de cualquier forma de abusos físicos o mentales, situaciones o trato negligente, maltrato o explotación.
Añadió que para ello, es necesario promover un ambiente libre de violencia para los menores, lo que propiciará sociedades más justas y equitativas.
Lo anterior debe ir de la mano de la salud mental, bienestar y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, en especial de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Atención adecuada en centros de asistencia y procuradurías
Que se cumplan esas condiciones en centros de asistencia social, es central para que los menores en ese entorno tengan posibilidad de acceder a un crecimiento y desarrollo sanos e integrales, manifestó.
En esos centros, abundó, los cuidados básicos y servicios de salud deben ser preventivos, y estar enfocados a detectar de manera oportuna posibles problemas de salud y de salud mental.
“La presencia de profesionales capacitados para brindar apoyo emocional y terapia es esencial para mitigar las secuelas de experiencias difíciles y fomentar un entorno emocionalmente seguro y positivo”, añadió.
El legislador señaló que cumplir con esas disposiciones debe ser obligación del Estado, en términos materiales; y es deber del Legislativo adecuar las normas legales en la materia.