El Estado de México presenta cifras alarmantes en cuanto a desapariciones de mujeres y niñas; en 2019, ya que, era la entidad con el mayor número de desapariciones en el país, con mil 790 casos oficialmente registrados.
Desde entonces, la situación no ha dejado de empeorar, entre enero de 2018 y septiembre de 2024, desaparecieron 11 mil 566 mujeres y niñas, representando casi el 50 por ciento de las desapariciones registradas en la región, alertan la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Litigio estratégico en derechos humanos (IDHEAS) y el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), en su informe "¿Quién nos busca? ¿Quién nos cuida?" sobre las desapariciones de mujeres y niñas vinculadas con la trata de personas en el Estado de México.
El Estado de México es un lugar conocido por la trata de personas
En el marco de las jornadas por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de finales de noviembre del 2024, en el informe se resalta que aunque el Estado de México “también es reconocido como un lugar de origen, tránsito y destino de la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual, las autoridades judiciales y políticas aún no han reconocido este hecho, en particular, el vínculo entre este delito y las desapariciones de mujeres y niñas en la región. Esta omisión, impide una respuesta institucional adecuada. Las consecuencias son dramáticas, con un aumento de los casos y el acceso a la justicia casi imposible para las familias".
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FIDH, IDHEAS y EMAF, enfatizan que las desapariciones de mujeres y niñas en relación con la trata de personas deben ser tratadas como crímenes, con las correspondientes persecuciones penales y las familias deben tener acceso a la justicia.
“Las desapariciones de mujeres y niñas vinculadas a la trata no son un problema aislado. Estos horrores son producto de una cultura patriarcal violenta, machista y sexista. La violencia contra las mujeres está normalizada. Los prejuicios y las discriminaciones banalizan la trata de personas. El desprecio por la dignidad de las mujeres víctimas y su sufrimiento, es la constante respuesta de las autoridades”, manifestó Juan Carlos Gutiérrez, director Jurídico de IDHEAS.
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¿Hay justicia por las desaparecidas en México?
A nivel nacional, solo entre el 2% y el 6% de los casos de desapariciones de personas fueron judicializados, en 2021, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desapariciones de personas en ese mismo año. Denunciar la desaparición de una víctima no impide que el fenómeno continúe. Al contrario, a menudo encuentran formas de eludir las denuncias y poner en peligro a las familias que buscan justicia, destaca el reporte.
En el Estado de México y en territorio mexicano en general, agrega el reporte, este fenómeno tiene sus “raíces” tanto en la cultura patriarcal, como en la operación de redes de criminalidad organizada, que prosperan en contextos de extrema pobreza.
“Los grupos criminales a menudo actúan con el apoyo de las comunidades locales, debido a los servicios y beneficios, particularmente económicos, que proporcionan, así como al miedo omnipresente a represalias sobre la población. La ausencia de una investigación adecuada, de justicia y reparación, así como la complicidad y participación de agentes del Estado en estos crímenes, crea un marco institucional que favorece la perpetuación de estas violencias”, subrayan.
“En un sistema corrupto, las familias son las únicas que buscan la verdad”, señala Jimena Reyes, Directora de la Oficina de las Américas de la FIDH; los principales obstáculos para el acceso a la justicia de las víctimas de trata de mujeres y niñas son múltiples y están profundamente enraizados en el sistema judicial. En particular, la ausencia de claridad sobre las competencias dentro de la Fiscalía y las administraciones, la falta de un enfoque holístico en las investigaciones y la fragmentación de los procedimientos, dificultan la identificación y el tratamiento de las desapariciones relacionadas con la trata. Estas deficiencias sistémicas, unidas a la ausencia de formación por parte de las autoridades en perspectiva de género y la insuficiente coordinación entre los distintos organismos, perjudican no sólo el reconocimiento de las víctimas, sino también su acceso a los servicios de apoyo y protección.
La FIDH, IDHEAS y EMAF, recuerdan finalmente que el año pasado publicaron un informe documentando el recrudecimiento de la violencia de género, y específicamente los casos de desapariciones de mujeres y niñas en el Estado de Guerrero.