DERECHOS HUMANOS

Prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos: ONU-DH

La prisión preventiva no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su preocupación por la propuesta de reforma constitucional.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su preocupación por la propuesta de reforma constitucional.Créditos: Cuartoscuro
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El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su preocupación por la propuesta de reforma constitucional en México que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.

“Hago un llamado a las y los tomadores de decisiones en México para detener la propuesta de reforma que amplía el alcance de la prisión preventiva oficiosa y garantizar que la legislación del país esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia derechos humanos”, expuso.

El representante de Naciones Unidas advirtió que, la prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos. La prisión preventiva no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”.

“México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta. En su lugar, es importante enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas a la privación de la libertad”, agregó el alto comisionado.

Alertó Türk que la reforma judicial, adoptada en septiembre, incluye la elección popular de las personas juzgadoras, la terminación anticipada de los mandatos judiciales existentes y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades.

“En conjunto, estas disposiciones corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de Derecho. La introducción en la reforma de la figura de jueces sin rostro, para emitir sentencias de forma anónima en casos de delincuencia organizada, genera preocupaciones adicionales en relación con la administración de justicia abierta y transparente y demás derechos relacionados con un juicio justo”, enfatizó.