Tras el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el que se reconoce la responsabilidad del Estado mexicano por la masacre de estudiantes de 1968 e instruyó la presentación de una disculpa pública “quienes participamos en el movimiento, en particular quienes hemos sostenido procesos jurídicos frente al Estado mexicano, sostenemos que, si este crimen de Estado continúa impune, no podremos aspirar a una democracia plena”, dijo Víctor Guerra, abogado del Comité del 68.
“El reconocimiento de que se trató de un crimen de lesa humanidad significa que es un delito que no prescribe, por ello nuestra exigencia es que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con el proceso abierto, de manera diligente, sin dilaciones que puedan entorpecer las acciones conducentes, como llevar a juicio a todos los responsables intelectuales y materiales, en cadena de mando que perpetraron el genocidio y que aún pueden ser llamados a cuentas. Se trata de miembros del Estado en coordinación que en su momento pudieron no acatar una orden del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Pues en estos casos no aplica el argumento de la ‘obediencia debida’, como está establecido en el Derecho Penal Internacional. Los procesos de acceso a la justicia, las medidas y acciones encaminadas a garantizar la reparación integral y la no repetición del daño, deberán contar con la participación de una ‘Comisión de Atención a Sobrevivientes y Víctimas del Movimiento de 1968’, nuestros compañeros y compañeras son de edad avanzada y necesitan medidas de atención urgentes en materia de la salud y otros aspectos que garanticen una vida digna”, agregaron.
El Comité 68 también demanda que “las condecoraciones que el entonces Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Diaz Ordaz otorgó a los militares genocidas, sean revocadas. Las Cámaras de Senadores y Diputados de aquella época, avalaron la matanza a través de declaratorias oficiales, por lo que solicitamos a los miembros del Poder Legislativo, los acuerdos pertinentes para que se revoquen aquéllas declaratorias infames, pues, al igual que el poder Judicial, en su momento, los legisladores se constituyeron en cómplices y solapadores del genocidio. Que se retire el nombre de Gustavo Días Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, Marcelino García Barragán, Alfonso Corona del Rosal y demás perpetradores de las nomenclaturas de las calles, avenidas, colonias, mercados, o cualquier otra institución que lleven su nombre; así como estatuas, monumentos erigidos en honor a ellos, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país”.
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“Proponemos que la medalla ‘Belisario Domínguez’, así como otras condecoraciones al valor cívico, sean otorgados a los líderes, a las víctimas y los sobrevivientes de esta lucha, por su contribución a la apertura y vida democrática del país”, exhortaron.
“El Decreto reconoció que el Estado implemento una política represiva y contrainsurgente en las décadas 1960 y 1980, de manera sistemática y violenta, contra las disidencias sociales, por lo que los procesos de justicia penal deben llevarse a cabo para el castigo de los perpetradores que hoy permanecen impunes”, subrayaron.
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Por otra parte, Felix Hernandez Gamundi, líder histórico del movimiento estudiantil de 1968 apuntó que “hemos estado en la demanda correcta, el Ejército, llámese como se llame: Guardia Nacional, Batallón Olimpia, no tiene que estar desarrollando labores de seguridad, seguridad pública en las calles; tendríamos que ir hacia un modelo distinto de seguridad donde la seguridad pública esté a cargo de civiles, no de militares” enfatizó.
“Las pruebas ni siquiera las tengo que dar yo”, remarcó Hernández Gamundi, al señalar la muerte a manos de militares. la semana anterior de “migrantes en Chiapas y desde 1968 y antes con movimientos previos de médicos, maestros, ferrocarrileros”.
Sobre la reforma al poder Judicial, el líder estudiantil de 1968, indicó que “no preocupa tanto el tema de la elección de magistrados, hay que exigir que se desarrolle de una forma que es lo que veamos como resultado sea la voluntad de la gente, en como se integrarán las planillas para que la gente vote y la información sea clara.
Pero nosotros sostenemos que hace falta una reforma al sistema de justicia, de manera integral, definir un nuevo modelo de justicia en toda la cadena del aparato de procuración, desde las fiscalías, la agencia del ministerio público porque esta última figura se dice que son el ‘representante social’, pero yo quiero ver cuánta gente confía en esa representación, el MP se tiene que modificar radicalmente y con él, la fiscalías, estatales y federal y también la defensoria de oficio, es una instancia muy burocrática nadie confía en el defensor de oficio, nosotros lo vivimos en carne propia. El defensor nunca estuvo de nuestro lado (en 1968), teníamos muchos defensores de oficio asignados y nunca conocimos a uno”.
“El poder Judicial hoy en día es indefendible, llevamos muchos años demandando una reforma de fondo que garantice la separación de poderes y eso no está en la reforma al poder Judicial que se aprobó y a mí entender eso es lo que tendría que ocurrir, es más que urgente. Y también tiene que modificarse el sistema penitenciario, porque hoy en día de ahí nadie se reforma, nadie se regenera y eso tiene que cambiar”, enfatizó Hernández Gamundi.
El Comité 68 finalmente expresó su pésame por la muerte de la maestra Ifigenia Martínez Hernández, “personaje central en las luchas por la transformación de México”.