En la Cámara de Diputados, desde la bancada de Morena se lanzó una iniciativa de reforma que busca atar las manos de la Suprema Corte e impedir que pueda conocer controversias constitucionales contra reformas o adiciones a la Constitución.
El proyecto promovido por el morenista y vicepresidente de la Mesa Directiva del recinto, Sergio Gutiérrez, contempla ajustar las facultades de la Corte para limitarlas.
Ello, en el contexto de la admisión de las consultas sobre la reforma judicial que promovieron jueces y magistrados y han sido aceptadas a estudio en el Alto Tribunal.
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La propuesta del legislador prevé modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para delimitar los alcances y competencias de la Corte en materia de resolución de controversias.
Indica que los ministros sólo podrán resolver las que surjan al interior o dentro del Poder Judicial, para dejar en claro que no puede sobrepasar sus facultades.
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“La Suprema Corte no tendrá facultades para conocer controversias relacionadas con reformas o adiciones a la Constitución”, planteó el diputado Gutiérrez Luna.
La propuesta fue formalmente registrada como en proceso de trámite parlamentario, la tarde de este viernes 4 de octubre de 2024.
Textualmente señala que el Pleno de la Corte velará en todo momento por la independencia de sus integrantes “al interior del Poder Judicial”.
Agrega que podrá conocer y dirimir cualquier controversia “interna” que surja entre sus salas, “sin tener competencia para controvertir reformas constitucionales de fondo y forma”.
“Las atribuciones conferidas a la Suprema Corte no podrán ejercitarse contra adiciones o reformas a la Constitución Política”, añade el documento.
Impedir a la Corte revisar reformas constitucionales
En la argumentación, el vicepresidente del recinto expuso que el voto popular confirió a su partido y aliados, con el voto en las urnas, la legitimación democrática de tener la mayoría calificada en el Legislativo y la capacidad de reformar la Constitución.
“Es inaceptable que la Corte pretenda hacerse valer más que la voluntad del pueblo por defender sus privilegios”, alertó.
Dijo que “el poder reformador” en el Legislativo y sus decisiones, no pueden ser revisados por la Corte, porque representan “al pueblo”.
De manera más clara, sentenció que “ocho personas no pueden suprimir la voluntad del pueblo. La Suprema Corte no admite que la mayoría y la decisión están en el Congreso y que ya se tomó una decisión”.
Afirmó que su propuesta pondrá fin a interpretaciones “ambiguas” sobre las facultades que tiene la Corte, aunado a que no afecta en modo alguno la autonomía del Poder Judicial.
Se busca que ese Poder no interfiera con las facultades del Legislativo, como las de reformar la Carta Magna.
Aunado a que, aseguró, se le otorgará mayor estabilidad y certeza jurídica a la Corte, que no podrá ser utilizada “en disputas de carácter político o ideológico”.
Se asegurará la independencia y objetividad del Poder Judicial, finalizó.