JUSTICIA

Ministro de la SCJN rechaza suspender reforma judicial; admite a trámite acciones de inconstitucionalidad

Juan Luis González Alcántara Carrancá ordenó dar vista a la Cámara de Diputados, al Senado, al Poder Ejecutivo y a poderes legislativos de las 32 entidades del país para que rindan sus informes.

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá.Créditos: Foto: Especial
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El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá rechazó suspender la implementación de la reforma judicial, ya que ello podría entorpecer el proceso electoral que se encuentra en curso, lo que generaría una mayor afectación social que beneficio.

Indicó que la norma implica el procedimiento de elección de los titulares del Poder Judicial de la Federación (PJF), la supresión y conformación de nuevos órganos, cambios en el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otros, por lo que emitir un pronunciamiento en relación con dichos aspectos, implicaría resolver cuestiones de fondo.

Alcántara Carrancá admitió a trámite cinco acciones de inconstitucionalidad que promovieron legisladores locales de Zacatecas, así como el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el Partido Unión Democrática de Coahuila, quienes solicitaron la suspensión para que el Instituto Nacional Electoral (INE) frenara el proceso, así como para que el Senado no emitiera la convocatoria y no se afecten las remuneraciones de los trabajadores del PJF, entre otros puntos.

El ministro ordenó dar vista a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, al Poder Ejecutivo Federal y a los poderes legislativos de las 32 entidades del país para que rindan sus informes.

Asimismo, ordenó que se solicite a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, en un plazo de diez días naturales exprese su opinión en relación con las acciones de inconstitucionalidad.

También requirió a Guadalupe Taddeí, presidenta del INE para que, en un plazo de tres días naturales, entregue copia certificada de los estatutos vigentes de los partidos políticos nacionales promoventes, así como de la certificación de sus registros vigentes y precise quiénes son los actuales representantes e integrantes de sus órganos de dirección nacional.