Tras 10 horas de discusión, el Senado de la República avaló las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, que establecen las reglas para la elección de jueces, magistrados y ministros.
Entre reclamos por legislar “sobre las rodillas”, Morena y sus aliados políticos echaron a andar la aplanadora para aprobar las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley General de Medios de Impugnación.
Los legisladores del partido guinda avalaron también una reserva para quitar el poder de veto que se pretendía otorgar a los Poderes de la Unión sobre la lista de candidatos para la elección de juzgadores.
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Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum desconociera la propuesta, que había sido incluida en comisiones, el senador Ignacio Mier anticipó que se retomaría lo establecido en la Constitución, por lo que, dijo, no habrá ningún veto.
A pesar de que Morena decidió corregir el rumbo, la oposición mantuvo sus críticas contra las leyes secundarias, que, advirtieron, no quitan la marca de engaño a la reforma judicial.
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El senador por el PAN, Ricardo Anaya, celebró que la presidenta Claudia Sheinbaum haya puesto un freno al poder de veto, pero advirtió que, al final, Morena tendrá el control para determinar quien aparecerá en la boleta.
En tanto, la senadora por el PRI, Carolina Viggiano, advirtió que la presienta Claudia Sheinbaum debe tener cuidado, ya que, dijo, hay muchos intereses en torno a la reforma judicial.
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió que existe una gran trampa, pues hay una falta de regulación para que Morena pueda controlar los Comités de Evaluación de los candidatos.
No obstante, la senadora por Morena, la senadora por Morena, Margarita Valdez, llamó a no “vilipendiar” la elección de los juzgadores, sin antes conocer sus resultados.
Las leyes secundarias contemplan otorgar mayores atribuciones a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que podrá nombrar a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas del Instituto, sin consultar al Consejo General.
Los dictámenes aprobados se remitieron a la Cámara de Diputados, donde aún deberán recibir el aval correspondiente.
