Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, deberá seguir en prisión el proceso penal que se inició en su contra en marzo de 2023 por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la causa penal 541/2019.
Alfonso Alexander López Moreno, titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en Toluca, Estado de México, rechazó otorgarle al exservidor público la suspensión definitiva para que se modificara la prisión preventiva que se le impuso y se ordenara su inmediata libertad.
El impartidor de justicia explicó que al momento de interponer el juicio de amparo, Borge Angulo ya se encontraba detenido por orden de autoridad competente, motivo por el cual no es dable dar a la medida cautelar el alcance pretendido por el político quintanarroense, es decir, otorgar su inmediata libertad.
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López Moreno le concedió la suspensión definitiva, pero solo para el efecto de que el exmandatario quede a disposición del juzgado de amparo en lo que se refiere a su libertad en el lugar donde se encuentra recluido y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento.
En marzo de 2023, Roberto Borge fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR), proceso que está relacionado con otras dos causas penales, una federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita y otra del fuero común por peculado.
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Al exmandatario se le acusa de actuar en complicidad con funcionarios públicos durante su gestión, familiares, amigos y empleados, en la probable enajenación, adquisición y ocultamiento del origen, destino, movimiento, propiedad y titularidad de 22 bienes inmuebles de la reserva territorial, entonces administrada por el Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE).
Actualmente, Roberto Borge enfrenta cinco procesos penales, dos a nivel federal por delincuencia organizada y lavado de dinero, y tres del fuero común por peculado, aprovechamiento Ilícito y desempeño Irregular de la función pública.