La Fiscalía General de la República informó que presentará de inmediato el recurso de apelación, la queja correspondiente y las acciones legales que procedan por “la resolución ilícita, injusta y notoriamente parcial” del juez de Control Federal en la Ciudad de México, Gerardo Alarcón que lleva el caso “Agronitrogenados”.
Advirtió que el impartidor de justicia violó el Código Nacional de Procedimientos Penales al decretar la suspensión del procedimiento en contra de Emilio Lozoya, extitular de PEMEX.
Asimismo, consideró que viola preceptos de la Ley de Amparo y del Código Nacional, produciendo un grave daño a las víctimas y una ventaja indebida al procesado.
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La FGR indicó que la resolución es contraria al Código Nacional de Procedimientos Penales, porque dio por reparado el daño que causó Alonso Ancira, lo cual no se ha cumplido íntegramente, ni ha sido aceptado explícitamente por las víctimas, de la venta en un precio abusivo e ilegal, de la planta de Agronitrogenados a Pemex, dirigida en ese entonces por Emilio Lozoya.
Asimismo, resaltó que el Juez no señaló que a Lozoya Austin se le acusa de haber recibido un soborno de Ancira, por cerca de 4 millones de dólares, cometiendo así el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al utilizar dicha suma para adquirir “una residencia de gran lujo” en la Ciudad de México, de lo cual no ha reparado el daño causado.
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La fiscalía insistió en que el Juez, en su determinación, se sustentó indebidamente en una tesis aislada sobre delitos que son diferentes a los de este caso y la cual no genera derechos, al corresponder a un circuito judicial de Querétaro que no es aplicable obligatoriamente en la Ciudad de México.
Afirmó que el impartidor de justicia actuó ilegalmente, al omitir su obligación de fundar y motivar en la ley y en la jurisprudencia vigentes, su acuerdo; ya que los artículos correspondientes del Código Nacional no establecen, en modo alguno, que un acuerdo para uno de los imputados de un delito le beneficie al resto de los involucrados.
La Fiscalía General de la República reiteró que a Alonso Ancira se le procesó por haber vendido a PEMEX, “de manera abusiva, una planta industrial en un valor desmesurado e injusto”.
Mientras que a Emilio Lozoya se le imputa haber recibido un soborno de cerca de 4 millones de dólares.