La detención arbitraria en México, sigue siendo una práctica generalizada y con demasiada frecuencia es el catalizador de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, concluye el informe preliminar del grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria al concluir su visita de 12 días por nuestro país.
En conferencia de prensa expertos de Naciones Unidas admitieron que México ha logrado avances significativos en la lucha contra la detención arbitraria en los últimos años, reformas en áreas de derechos humanos, incluida la transición a un procedimiento penal acusatorio, la extensión del amparo a los derechos humanos reconocidos intencional internacionalmente, entre otros avances.
Sin embargo manifestaron que a pesar de la jurisprudencia del grupo de trabajo y de la corte interamericana de derechos humanos, persiste el uso excesivo de la prisión preventiva, que sigue siendo obligatoria según la constitución mexicana para una extensa lista de delitos.
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“La práctica desafortunadamente sigue usándose ampliamente y sigue ocurriendo en una gran cantidad de estados en la gran variedad de centro de atención lo que nos llamó la atención fue la cantidad de situaciones en las que ningún arbitrariedad en la detención en la que hubo violencia así como problemas procesales que pueden socavar la posibilidad de una persona defenderse”, indicó Matthew Gillett.
Señalan que la arraigo, aunque su uso está disminuyendo, también está presente en la Constitución. “La prisión preventiva obligatoria y el arraigo deben abolirse lo antes posible”.
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El grupo de trabajo destacó que las Fuerzas Armadas mexicanas, la Guardia Nacional y agencias estatales y municipales están frecuentemente implicadas en detenciones arbitrarias. “Carecen de los controles civiles e independientes necesarios para garantizar la prevención y la rendición de cuentas”.
“El uso excesivo de la fuerza, especialmente desde el momento de la presión hasta que los detenidos sean puestos a disposición ante una autoridad judicial, es muy frecuente. En muchos casos se infligen tortura y otras formas de malos tratos para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias”, expusieron.
Los expertos manifestaron su preocupación especialmente en la detención de personas en el contexto de movilidad. “México debe garantizar que la detención de migrantes sea el último recurso, por el menor tiempo posible, luego de una evaluación individualizada, en condiciones dignas con acceso a asistencia legal”.
“Nuestros hallazgos destacan la necesidad de juzgar las leyes mexicanas a los estándares internacionales de derechos humanos y eliminar entre otras figuras en la prisión preventiva obligatoria y las otras situaciones jurídicas”, indicó Miriam Estrada Castillo.
En su informe señalan que la detención arbitraria afecta un amplia gama de personas en nuestro país, con riesgos particulares para los grupos vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, personas discapacitadas, personas de la comunidad LGBT+, adolescentes adultos mayores y en situación de pobreza. “Las autoridades deben garantizar medidas especiales de protección y un enfoque basado en el género”.
El grupo de trabajo realizó una visita a la ciudad de México, nuevo León y Chiapas para reunirse con autoridades, jueces, comisiones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil, entre otros aparte la delegación visitó 15 lugares de privación de libertad y entrevistó ah un importante número de personas que han sido detenidas.