La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una porción normativa de la Ley de Amnistía de Tamaulipas, que permitía utilizar de manera supletoria normas de carácter federal.
El Alto Tribunal aprobó el proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán, quien determinó que los congresos locales carecen de competencia para determinar la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
“La amnistía es una figura regulada por el Congreso de la Unión respecto de delitos cuyo conocimiento pertenece a los tribunales de la federación, y a nivel local para que los congresos de los estados que han decidido regularla para los delitos del orden común. Es el Congreso de la Unión quien tiene la facultad de expedir entre otras la legislación única en materia procedimental penal, principalmente de ejecución de penas que habrán de regir en la República excluyendo de esta forma la concurrencia de los estados para legislar al respecto”.
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La sentencia de la Corte tendrá efectos retroactivos a partir del 30 de septiembre de 2022, por lo que se deberán echar atrás resoluciones donde se hayan aplicado las normas federales.