En cumplimiento a tres órdenes judiciales, los cuatro comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sesionaron por novena ocasión de forma extraordinaria, para atender los recursos de revisión de personas que interpusieron un amparo, al considerar que su derecho de acceso a la información no fue garantizado.
La titular del INAI, Blanca Lilia Ibarra detuvo que ya son 143 días sin que el pleno del INAI pueda sesionar de manera regular, “esto para atender los procedimientos y asuntos de su competencia por novena ocasión este órgano colegiado ha sido convocado de manera extraordinaria para dar estricto cumplimiento a diversas determinaciones del poder judicial de la Federación”.
En la sesión, se resolvió el recurso de revisión dirigido a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) sobre las carteras de inversión de las Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro.
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Un ciudadano solicitó el mes en que se verificaron las inversiones, emisoras a cargo, tipos de instrumento financiero y Afores que entregaron los recursos a la inversión.
El órgano garante determinó que se trata de información pública y de interés social, pues se relaciona con la rentabilidad y seguridad de los recursos de los trabajadores. Por lo que se instruyó a la Consar entregar la información solicitada.
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El comisionado, Adrián Alcalá consideró oportuna, necesaria y útil para este asunto, “la prueba de interés público, que nos exigió el Juez de Distrito, dado que es indispensable la apertura responsable de la información relacionada con las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro, administradas por las Afores y que tienen un objeto tan sensible, como la inversión de los recursos provenientes de las cuentas individuales de los trabajadores en aras de generar rendimientos e incrementar el monto de sus pensiones”.
Por separado, se resolvió que la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe presentar información sobre los oficios relacionados con los programas de remediación, luego del derrame de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, ocurrido en 2014; indicando como vía de respuesta una dirección de correo electrónico.
“La documental requerida no forma parte de un proceso deliberativo del sujeto obligado; por lo que mi ponencia ordena a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que entregue al solicitante los documentos requeridos”, señaló la comisionada Julieta del Río.