Este miércoles, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó 47 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), resultado de la falta de comprobación de 170 millones de pesos en la STPS y de 496 millones de pesos en la CONADE, irregularidades que pueden ser constitutivas de la comisión de los delitos de: a) Ejercicio ilícito de servicio público, b) Abuso de autoridad y c) Peculado.
La legisladora enlistó algunos ejemplos de las irregularidades señaladas, entre las que destacan: Del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, a cargo de la STPS, recordó que su objetivo es brindar a jóvenes de entre 18 y 29 años, que no estudian ni laboran, capacitación hasta por 12 meses en centros de trabajo que se benefician de su contribución, al mismo tiempo que los jóvenes beneficiarios desarrollan habilidades. Entre los ejemplos se mencionan los siguientes:
- Pagos a jóvenes que recibían simultáneamente otras becas. En la revisión de las cuentas públicas 2019, 2020 y 2021, la ASF identificó que 6,937 beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que recibieron apoyos por 102.3 millones de pesos, también recibieron recursos de otros programas sociales relativos a apoyar a jóvenes en el sector educativo, en incumplimiento de los lineamientos del programa en los que se establece como requisito indispensable que los jóvenes beneficiarios no estudien.
Se determinaron beneficiarios que, durante el periodo de capacitación, se encontraban trabajando -ya sea en la iniciativa privada o en el sector público-, en contravención de lo establecido por los lineamientos, en los que se indica puntualmente que los jóvenes beneficiarios del programa no deben estar trabajando. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado proporcionó a la ASF, la Base de Datos Única de Derechohabientes en la que se identificaron 640 becarios que se encontraban laborando durante el periodo de capacitación del programa objeto de revisión.
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Por su parte, de la información brindada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se identificó que 33,909 becarios contaron con dos o más registros patronales, es decir, que los becarios del programa se encontraban trabajando durante el periodo de su capacitación.
- Pagos a jóvenes que se encontraban recibiendo salario por laborar como servidores de la nación, situación que es contraria a lo establecido en los citados lineamientos en los que se señala que los beneficiarios deben ser jóvenes que no trabajan.
En las cuentas públicas 2019 y 2021, la ASF identificó que 161 beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que recibieron apoyos por 3.8 millones de pesos, también se encontraban prestando servicios profesionales por honorarios o de manera eventual como “Servidores de la Nación”.
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- Pagos indebidos a beneficiarios en los que no se comprobó la capacitación recibida, en incumplimiento de los lineamientos en los que se establecen las condiciones para realizar los pagos a los beneficiarios. Durante el ejercicio 2019, se pagó a 1,157 beneficiarios del programa un total de 15.4 millones de pesos, sin que pudiera acreditarse la capacitación recibida, la existencia de los centros de trabajo, o que estos contaran con las visitas de verificación por parte de la STPS, y en algunos casos, durante la visita, no se encontró ni al tutor ni a los becarios, así como un caso en el que el domicilio fiscal del centro de trabajo se encontraba en el Estado de México, cuando la capacitación se dio supuestamente en la Ciudad de México.
- Pagos a jóvenes posterior a su fecha de fallecimiento En las cuentas públicas 2019 y 2020 la ASF identificó pagos posteriores al fallecimiento de 114 beneficiarios por 0.8 millones de pesos. La ASF envió al Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación (RENAPO), la relación proporcionada por la STPS, consistente en 1´120,543 beneficiarios que participaron en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante el ejercicio 2019, para que informaran el estatus de los beneficiarios (vivo o fallecido) y, en el supuesto de reportar a algún beneficiario como fallecido, se solicitó que el RENAPO remitiera copia certificada del acta de defunción correspondiente, y de la respuesta de la Secretaría de Gobernación, se identificó que 68 beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibieron pagos en sus cuentas bancarias posteriores a la fecha de su fallecimiento.
Es importante destacar que las irregularidades detectadas en las cuatro auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en 2019, 2020 y 2021, corresponden únicamente a una muestra representativa realizada en los estados de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Chiapas, CDMX, Oaxaca, Morelos, Querétaro, Tabasco y Veracruz; asimismo, resulta relevante señalar que es hasta enero de 2022 cuando se establecieron las Reglas de Operación para el funcionamiento del programa; por lo que en 2019, 2020 y 2021 operaron solamente con lineamientos.
De la CONADE:
- Pago por 15.6 millones de pesos a 29 entrenadores de nacionalidad cubana que no contaban con acreditación ante el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, siendo este un requisito indispensable para ser sujetos a recibir los recursos; tampoco se presentó la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara los servicios prestados por éstos, su fecha de ingreso a territorio mexicano, ni el total de los reportes de actividades en los que se demuestre su participación, en incumplimiento del convenio de colaboración.
- Pagos por 14.9 millones de pesos a la persona moral Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA), sin que esta acreditara con la documentación justificativa y comprobatoria, la prestación de los servicios para los que fue contratada.
- Pagos por 7.9 millones de pesos a la empresa Cascada Bienestar S.A.P.I. de C.V., por la adquisición de 86 aparatos deportivos de fuerza, sin acreditar que la CONADE los haya recibido o que cumplieran con las características solicitadas en el contrato.
- Pagos por 567 mil pesos al Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México (CUSAEM), en los que no se acreditó la ejecución de los servicios correspondientes a 3 elementos caninos, y no se identificaron en los controles de asistencia la presencia de elementos que cubrieran los turnos determinados contractualmente.
La legisladora concluyó señalando que, la presentación de las denuncias de referencia, deriva del seguimiento realizado a las irregularidades detectadas por la ASF, así como a la falta de actuación de esta, con la finalidad de que la autoridad competente realice las investigaciones correspondientes, tome las medidas cautelares urgentes que sean procedentes y, en su caso, imponga las sanciones a que haya lugar.
Cabe mencionar que, con fecha 22 de junio del 2023, la legisladora panista presentó 56 denuncias administrativas ante la Secretaría de la Función Pública en contra de Ana Gabriela Guevara Espinoza, titular de la CONADE, por las mismas irregularidades que motivaron las presentes denuncias; y, con fecha 19 de julio del mismo año, fueron 29 denuncias ante la misma SFP en contra de Luisa María Alcalde Luján, por las irregularidades detectadas durante su gestión como Titular de la STPS.
Lo anterior en razón de que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo tanto, susceptible de ser sancionado en diferentes vías, por órganos diferentes y con distintas sanciones, en ese sentido, la determinación de responsabilidades administrativas, en su caso, dará lugar a la imposición de sanciones que van desde una amonestación, hasta una inhabilitación para ejercer un cargo público, mientras que en la vía penal, la acreditación de los hechos delictivos, podría dar lugar a la imposición de una pena incluso privativa de la libertad, con independencia de las sanciones económicas que en cada materia pudieran determinarse.
Por último, solicitó a los funcionarios de la Fiscalía General de la República que actúen con autonomía e independencia respecto del Ejecutivo Federal, y procedan conforme a sus facultades en la integración de las carpetas de investigación correspondientes, con la finalidad de que éstas deriven en la imposición de las sanciones a que haya lugar en contra de los responsables de los desvíos de los recursos millonarios en ambas entidades públicas.