La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió este lunes a la petición que le hizo la Secretaría de Gobernación (Segob) respecto al salario de las ministras y ministros.
La respuesta no se dio a través de la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, sino del secretario General de Acuerdos, Rafael Coello Cetina, quien argumentó que el escrito de la titular de la dependencia federal, Luisa María Alcalde Luján, carece de fundamento legal, toda vez que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no constituye el fundamento jurídico para que la Segob realice “una petición de esa naturaleza” a la Corte.
Pese a ello, y en función de fortalecer el dialogo entre poderes, Coello Cetina le informó a Alcalde Luján que en el 2019 se aprobó disminuir en 25 por ciento las remuneraciones de las ministras y ministros, a pesar de que el artículo 94 de la Constitución lo prohíbe.
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Asimismo, le recordó a la funcionaria que el 20 de mayo de 2019 se invalidaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones, empezando por la del presidente de la República”.
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En su resolución, el alto tribunal precisó que al tomar la remuneración del titular del Ejecutivo Federal como referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público, permite una “discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad de la función pública”.
Asimismo, la Corte determinó que, conforme a los establecido en el artículo 127 constitucional, una remuneración no sólo se integra por un salario bruto, sino que incluye todas las especies propias del cargo como alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad y servicios de salud, entre otros.