La Fiscalía General de la República (FGR) está detrás de Gustavo Aguirre Castro, anestesiólogo que residen en Los Cabos, Baja California, luego de que comprara diversas ampolletas de fentanilo, las cuales serían utilizadas con fines médicos.
De acuerdo con el representante legal del anestesiólogo, Aguirre Castro compró 24 ampolletas de fentanilo con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). No obstante, dicha adquisición se logró debido a que Gustavo contaba con un recetario para medicamentos controlados.
Pese a que el especialista en la salud contaba con la documentación necesaria, autoridades catearon y aseguraron su domicilio cuatro días después de haber recibido las ampolletas del opioide.
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“Aparentemente en el camino fue detectado el paquete porque viene pegada una receta del doctor que justifica de qué se trata ese fármaco. No lo incautan ahí, sino que dejan, dolosamente, que llegue a su casa”, contó el jurista a un diario de corte nacional.
Por su parte, Gustavo Aguirre precisó, por medio de redes sociales, que el medicamento que adquirió “no es el mismo con el que se trafica de manera ilegal”.
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“Me cierran la casa, me dejan sin hogar. Tengo una hija de cuatro años, tengo una hija de un año que se quedó sin casa. Ya no soy yo solo el que está siendo dañado, ya está siendo mi esposa, mis hijas, mi familia”, compartió Aguirre Castro el pasado 23 de julio.
Sólo 3 días después, el 26 de julio, elementos de la Fiscalía habrían entrado a su domicilio sin una orden, con la excusa de modificar los sellos de aseguramiento, motivo por el que el médico temió que le pudieran sembrar alguna falsa evidencia que pudiera perjudicarlo.
Ante el actuar de la FGR, el anestesiólogo se ha dicho temeroso de que las autoridades “vayan a hacer una pendej*da”, pues afirmó que cuenta con evidencia “de que están moviendo cosas en el patio y empiezan a tomar fotos”.