El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal con residencia en el Estado de México confirmó la suspensión definitiva que se le otorgó a René Gavira Segreste contra la orden de aprehensión que se libró en su contra el 2 de marzo de este año por delitos de peculado y delincuencia organizada relacionados con el desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) dentro de la causa penal 44/2023.
No obstante, la medida cautelar no impide a la Fiscalía General de la República (FGR) detener al extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, ya que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa.
Gavira Segreste impugnó la resolución del Juzgado Sexto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en el Estado de México, el cual concedió la suspensión para el efecto que el exservidor público quede a disposición del juzgado de amparo, en lo que a su libertad se refiere, una vez que sea cumplimentada la orden de aprehensión.
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En su escrito, el exfuncionario de Segalmex argumentó que “los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo son inconstitucionales e inconvencionales, pues se oponen a la finalidad y naturaleza de la suspensión en el medio de control constitucional, ya que tratándose de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa permiten la ejecución de los actos reclamados en contra de los gobernados”.
Agregó que la medida cautelar es una “resolución genérica en la cual se suspende para que se presente ante la autoridad responsable y se someta al procedimiento, sin dejar claro el estado en cuanto a su libertad, pues es evidente que ante la detención se producirá un cambio de situación jurídica que dejará sin efectos el acto que se reclama”.
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Sin embargo, el órgano jurisdiccional consideró infundados los agravios de René Gavira, toda vez que el juez de distrito cumplió con su obligación de fundar y motivar su decisión.
Cabe recordar que al exservidor público se le señala como uno de los involucrados en la compra irregular de más de siete toneladas de azúcar a la empresa Servicios Integrales Carregin, lo que ocasionó un daño al erario por 142 millones 440 mil pesos.