La jueza Angélica Sánchez Hernández interpuso un juicio de amparo contra la prisión preventiva justificada que se le impuso el pasado 16 de junio de este año por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, dentro la causa penal 297/2023.
En su demanda de garantías, la cual presentó el 22 de junio, la impartidora de justicia también impugnó determinación del juez de control de realizar la audiencia inicial de forma privada, lo que constituye, señaló, un acto de imposible reparación, en el sentido de que se afecta uno de los principios rectores del proceso penal acusatorio sin una justificación válida.
Del mismo modo, señaló como acto reclamado la resolución que declaró improcedente la nulidad de la orden de aprehensión, ya que se emitió por una autoridad incompetente por razón de territorio y porque contaba con una suspensión provisional; incluso, mencionó que cuando fue detenida en la Ciudad de México, los elementos de la Guardia Nacional (GN) no le mostraron el mandamiento judicial.
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Sin embargo, dos jueces de distrito se declararon incompetentes para resolver el juicio de amparo. Fabiola Viridiana Ramos Castillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en materia Penal, argumentó que la demanda debe ser resulta por Daniela María León Linarte, titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito, toda vez que fue quien le otorgó la suspensión contra la orden de aprehensión.
No obstante, León Linarte rechazó asumir la competencia, debido a que los actos reclamados en los dos juicios de amparo no guardan relación entre sí, al no derivar de la misma carpeta de investigación o causa penal.
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En su escrito, Angélica Sánchez aseveró que su vida está en riesgo por su perfil de juzgadora y porque es víctima de persecución política por parte del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.
Por este motivo, la jueza Ramos Castillo le concedió la suspensión de plano para el efecto de que cese cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional.
Al respecto, Roberto Santos Maldonado Morales, juez de control, dio a conocer que ordenó a las autoridades del penal de Pacho Viejo respetar los derechos humanos e integridad de la juzgadora, resguardarla en lugar separado de la población de internos, y abstenerse de proferir cualquier tipo de maltrato.
En tanto, el director del centro penitenciario informó que no se le ha infligido a Angélica Sánchez ningún acto de tortura, maltrato o incomunicación, además de que se le ha facilitado la comunicación con su familia, amigos y abogados para garantizar sus derechos humanos.