La defensa de los ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa afirmaron que el auto de formal prisión que se dictó en contra de sus clientes carece de cualquier sustento legal, en virtud de obedece más a tintes políticos que legales.
En un comunicado, los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández señalaron que Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, trabaja para intereses particulares.
Indicaron que a los elementos castrenses en ningún momento les fue aclarado por parte de la juzgadora, en que consistían las acusaciones en su contra, tampoco les fueron aclaradas las circunstancias de tiempo, modo, lugar, y ocasión, en las que supuestamente participaron en la desaparición de 43 estudiantes normalistas.
Te podría interesar
Mencionaron que la impartidora de justicia no valoró de ninguna manera las probanzas que la defensa aportó durante el plazo constitucional de la causa penal 1/2023, con las que se acredita con absoluta claridad la inocencia del personal de las fuerzas armadas mexicanas.
Los litigantes adelantaron que combatirán por todos los medios legales lo que calificaron como el infundado e ilegal auto de formal prisión y agregaron que están evaluando si se incurrió en la comisión de algún delito en contra de la debida administración de justicia por parte de la jueza Duarte Cedillo. De ser así, se presentarán los recursos, así como denuncias correspondientes en el ámbito nacional e internacional.