La Secretaría de la Función Pública (SFP) destacó el compromiso de un millón 383 mil 262 servidores públicos federales que presentaron su declaración de situación patrimonial y de intereses 2023, en la modalidad de modificación, durante el mes de mayo, lo cual representa un nivel de cumplimiento del 96.28 por ciento, el mayor porcentaje desde 2020.
Además, reconoció el esfuerzo de todas las instituciones de la APF, ya que 225 de las 288 registradas en la plataforma DeclaraNet llegaron al 100 por ciento de cumplimiento y 57 alcanzaron más del 90 por ciento.
“Con base en el número de personas servidoras públicas que deben presentar su declaración, las primeras instituciones en lograr el 100 por ciento fueron: Infonacot, entre las que tienen entre mil y 4 mil 999 obligadas; Prevención y Readaptación Social, en el rango de 5 mil y 9 mil 999, y la Guardia Nacional, en el rango de más de 10 mil”, detalló.
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Expuso que con la finalidad de ofrecer la mayor cantidad de herramientas e información para cumplir con esta obligación constitucional, realizó una campaña de difusión y asesoría a través de medios institucionales, en coordinación con los Órganos Internos de Control (OIC) en las dependencias y entidades, Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado, así como con las Unidades de Administración y Finanzas de los entes públicos federales.
“Dichas acciones permitieron que la SFP atendiera 82 mil 540 correos electrónicos, 9 mil 628 llamadas telefónicas y recibiera a 3 mil 97 personas que solicitaron asesoría de manera presencial, sin considerar las acciones adicionales de atención que realizaron los OIC”, señaló.
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Recordó que a partir de 2020, la totalidad de las personas servidoras públicas federales están obligadas a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses durante el mes de mayo, misma que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“En el caso de quienes no han presentado su declaración, el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas mandata el inicio de la investigación y, en su caso, la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, las cuales consideran incluso hasta declarar que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos”, indicó.