Los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, cuya incidencia va en aumento, exigen una mejor y más efectiva respuesta de las naciones que los experimentan, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas.
Al participar en la Segunda Reunión Plenaria 2023 de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT), que se lleva a cabo en México, el funcionario habló del potencial crecimiento de esos delitos en la última década.
Como ejemplo del incremento en el número de casos, refirió a la dinámica migratoria que México enfrentaba hace pocos años y en la actualidad.
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Encinas Rodríguez alertó que la migración se concentraba en personas de nacionalidades Centroamericanas y de algunos países de Latinoamérica, sin embargo, actualmente ciudadanos originarios de casi 120 países distintos y que buscan cruzar la frontera norte, tienen presencia en el territorio nacional.
“Y lo cierto es que los dos asuntos que nos convocan el día de hoy necesitan dar nuevas y mayores respuestas”, remarcó.
“Generalmente el fenómeno migratorio en nuestra región se concentraba entre Honduras, Guatemala y El Salvador en tránsito a Estados Unidos, hoy tenemos cerca de 120 nacionalidades distintas”, ejemplificó.
El funcionario mexicano agregó que si bien, durante la pandemia por COVID-19 el “reflujo” de movilidad humana entre las naciones se contuvo, debido a las restricciones sanitarias, en la actualidad se tiene un aumento muy significativo del número de países cuyos ciudadanos salen y se internan en el país, buscando escapar de la violencia, desastres naturales e incluso persecución política que experimentan en sus lugares de origen.
Ante la situación, afirmó que México refrenda el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para poner freno a la trata de personas y tráfico de migrantes.
También se pronunció a favor de fortalecer la CORETT y trabajar de manera más cercana con la sociedad civil.
Sanción efectiva contra la trata y tráfico de migrantes
Al intervenir, Sandy Recinos, presidenta de la CORETT y titular de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) del gobierno de Guatemala, se pronunció a favor de que las leyes contra esos delitos se apliquen en sus términos de manera efectiva.
Es por ello que se requieren acciones coordinadas a nivel nacional e internacional, para hacer frente al flagelo, enfatizó.
Sentenció que las consecuencias y efectos de esos crímenes se agravan, cuando los Estados no actúan y dejan a las víctimas y sus familiares sin protección.
Expresó que de acuerdo al informe mundial de la Oficina de la Organización de Naciones Unidas sobre la Trata de Personas, las principales víctimas son menores de edad.
“Señala que Centroamérica y el Caribe son las principales víctimas de trata de personas, los niños y adolescentes, que representan el 58 por ciento total de las víctimas. Asimismo se ha identificado que ha habido una alta, aumento en la explotación laboral y se reporta un incremento en la región de los casos de trata interna, es decir, nacionales que están siendo explotados dentro de las fronteras de nuestros países”, planteó.
A su vez, Félix Santana, director general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos y secretario técnico de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencias a las Víctimas de estos Delitos, de la Secretaría de Gobernación, recordó que se tienen identificadas hasta 11 modalidades de trata de personas, de acuerdo a la Convención de Palermo.
Subrayó que a nivel internacional, la trata se considera el tercer ilícito más redituable, después del tráfico de drogas y armas.
También citó cifras de la ONU, para señalar que el número de hombres víctimas de trata ya llegó a 26 por ciento, y aunque el ilícito va en aumento, hay una reducción de 35 por ciento en el número de sentencias emitidas.
Eso significa, advirtió, que la problemática crece, pero se están abriendo menos carpetas de investigación, hay menos sentencias para los perpetradores, en consecuencia, hay más víctimas que no tiene acceso a justicia y permanecen “invisibilizadas”.