POLÍTICA

UIF revela contratos millonarios de Sonia Vargas, exfuncionaria cercana a García Luna

El nombre de la trabajadora del CJF resonó en Palacio Nacional en 'mañaneras' pasadas, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador la vinculó con la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña.

Pablo Gómez, titular de la UIF
Pablo Gómez, titular de la UIF Créditos: Cuartoscuro
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El titular de la Unidad Inteligencia Financiero (UIF), Pablo Gómez, aseguró que Sonia Vargas Terrero, directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), es responsable de la firma de contratos con Estados Unidos por 71 millones 600 mil dólares.

El nombre de Vargas Terrero resonó en Palacio Nacional en “mañaneras” pasadas, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador la vinculó con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

¿Quién es Sonia Vargas?

De acuerdo con los documentos que presento el mandatario mexicano, Vargas Terrero fue directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura en la Policía Federal de 2006 a 2012, periodo en el que García Luna era el máximo responsable de la seguridad del país.

Bajo ese tenor, Pablo Gómez aseguró que ninguno de los contratos antes mencionados, los cuales también fueron firmados por otros 14 exfuncionarios, cubrieron “los señalamientos legales con lo relacionado a hacer investigación de mercado”.

El titular de la UIF también vinculó a Facundo Rosas Rosas, Rodrigo Esparza Cisterna y Luis Cárdenas Palomino, Humberto Martínez González, Rafael Avilez, José Roberto Cardoso y Eduardo Enrique García en la nueva “red corrupta de García Luna”.

Además, afirmó que existe un “gigantesco mecanismo de sanción de dinero público”, por lo que el Gobierno Federal buscará que, por medio de un juicio civil en los Tribunales de Estados Unidos, el caso llegué a México.

“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares. El estado de Florida tiene competencia para la demanda de la restitución de bienes que son producto de actividades ilícitas llevadas a cabo en el extranjero, pero realizadas, invertidas, lavadas, drenadas en esa entidad”, explicó.

No obstante, el titular de la UIF mencionó que “los exhibidos como es el caso de Sonia Vargas Terrero, no son personas desconocidas para la FGR, están sujetas a una investigación”.