La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, no participó en el nombramiento de Sonia Vargas Terrero como directora de Control de Nóminas y Prestaciones en la Coordinación de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La servidora pública fue señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber firmado algunos contratos bajo investigación cuando laboró en la Policía Federal (PF) durante la gestión de Genaro García Luna.
El nombramiento de Vargas Terrero, quien fue contratada en el mes de abril de este año, fue hecho por la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, y aprobado por la Comisión de Administración, en la que no participa Piña Hernández.
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La Comisión está integrada por dos consejeros del Poder Judicial, los magistrados Sergio Molina Martínez y Lilia Mónica López Benítez, y por Bernardo Bátiz, quien fue designado por López Obrador en el 2019.
Según información del CJF, Sonia Vargas se desempeñó como directora de Gestión de Pagos y Operación Financiera de julio de 2017 a febrero de 2019, mientras que de marzo de 2019 a marzo de 2023 ocupó la dirección de Gestión de Partes Aéreas en la Fiscalía General de la República (FGR).
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De julio de 2011 a enero de 2013 fungió como directora general de Enlace de la Secretaría General de la Policía Federal con la Coordinación de Servicios Generales y de acuerdo con el CJF no cuenta con ninguna sanción administrativa emitida por órganos fiscalizadores.