ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA

INE celebra aprobación de reforma 3 de 3 contra la violencia

Este decreto entrará en vigor una vez que el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realice la declaratoria de reforma constitucional.

Esta ley Impide el acceso de las personas agresoras familiares y domésticas, acosadoras sexuales y deudoras alimentarias a cargos públicos.
Esta ley Impide el acceso de las personas agresoras familiares y domésticas, acosadoras sexuales y deudoras alimentarias a cargos públicos.Créditos: Cuartoscuro
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El Instituto Nacional Electoral (INE) celebró la aprobación, por parte de 17 Congresos locales, de la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución, lo que permitirá incluir en la Carta Magna la “3 de 3 contra la violencia”.

La iniciativa establece que las personas que tengan sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosocial, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género y por ser declaradas deudoras alimentarias morosas, no podrán ser candidatas a cargos de elección popular, ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

El decreto entrará en vigor una vez que el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realice la declaratoria de reforma constitucional para que después sea promulgada por el titular del Ejecutivo federal.

Lo anterior, permitirá al INE garantizar que personas violentadoras no sean registradas como candidatas en los procesos electorales y, por lo tanto, no accedan a un cargo de elección popular.

El órgano electoral ratificó su compromiso de combatir y erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género para, con ello, garantizar efectivamente los derechos políticos y electorales de las mujeres, fortaleciendo así la democracia.

Por ello, hizo votos para que los congresos estatales sigan con el proceso de armonización legislativa necesaria para adecuar los marcos normativos y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.