El Grupo Plural en materia de Igualdad Sustantiva en la Cámara de Diputados lanzó un llamado a los congresos de los estados, a aprobar antes de que finalice el presente mes de mayo, la reforma constitucional que suspenderá los derechos de agresores de mujeres con sentencia y deudores alimentarios morosos, identificada como “3 de 3” contra la violencia.
Si se busca que ningún agresor de mujeres sentenciado y ningún deudor alimentario moroso llegue al poder, en el marco de las siguientes elecciones, es preciso que la aprobación de la norma avance lo antes posible, recalcaron legisladoras de todas las fracciones en San Lázaro.
Llamado a congresos estatales
En un pronunciamiento público, la coordinadora del Grupo Plural y vicecoordinadora de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Aleida Alavez, notificó que hasta el momento 9 de 17 legislaturas estatales que se requieren como mínimo, han dado el visto bueno al ordenamiento.
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El tiempo apremia para que avance en los congresos restantes, por lo que se reitera el llamado a que no solo las diputadas de todos los estados y todas las fuerzas políticas, sino los congresistas locales, cumplan su deber, remarcó.
“Sabemos que para poder entrar en vigor esta disposición para el siguiente periodo electoral, tendremos que tener a más tardar la primera semana de junio de este año, la aprobación en esos mínimo 17 congresos locales del país”, enfatizó.
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El llamado, es a “que puedan resolver lo más pronto posible los congresos que se encuentran en periodo de sesiones y que esta, insisto, es una de las medidas que encontramos viables para ir erradicando la violencia contra las mujeres”, desde cargos públicos y de representación popular, manifestó.
Las congresistas reconocieron la decisión tomada a favor de la reforma “3 de 3 contra la violencia”, en los congresos locales de la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Quintana Roo, Colima y Tabasco.
Reforma contra la violencia, no contra los hombres
Al respaldar el pronunciamiento, integrantes de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Verde (PVEM), del Partido del Trabajo (PT) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hicieron énfasis en que la reforma es preventiva y disuasiva.
Aclararon que no se está legislando contra los hombres en particular, sino contra todas aquellas personas, en su mayoría varones, que cometen actos de violencia contra las mujeres y han sido sentenciados e incumplen sus obligaciones de dar la manutención de los hijos, y aún así pretender llegar a puestos de decisión en el ámbito público.
“Se trata no solamente de una carta de buenas intenciones, sino que efectivamente hacer una medida disuasoria que está señalada en la Constitución, esto implica que aquel que esté en estos supuestos que señala el artículo 38 perderán derechos o se suspenderán sus derechos para poder ocupar los cargos de elección o los cargos públicos”, enfatizó la vicecoordinadora del tricolor en el recinto, Blanca Alcalá.