En la Cámara de Diputados, en fast track salió adelante la reforma a la Ley Minera, que en su parte central modifica los plazos de las concesiones mineras, para que duren 30 años y en prórrogas, puedan alargarse hasta 80 años.
En la iniciativa original del Ejecutivo, se planteaba que las concesiones durarían 15 años, se podrían refrendar por otro periodo igual, por lo que su duración total sería de 30 años.
Para acelerar el trámite, la bancada de Morena retomó la propuesta del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y le hizo ajustes.
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La presentó como iniciativa propia y se sometió a discusión directa en el Pleno.
En lo general, el ordenamiento se aprobó con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención.
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Uno de los votos a favor fue del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, el panista Santiago Creel, que de viva voz y por vía telemática claramente dijo: “a favor”.
Al percatarse del hecho, presentó un escrito en el cual solicitó dejar asentado en el “expediente parlamentario” que en realidad su voto era “en contra”.
En lo particular, la reforma minera salió con apenas 251 votos a favor, 209 en contra y una abstención.
Producto del debate, se le hizo un solo cambio para establecer que quienes quieran obtener concesiones mineras, tendrán que pagar el costo de las consultas a pueblos indígenas y afromexicanos.
El proyecto pasará al Senado de la República.
Ajustes a la Ley Minera presentada por AMLO
Quien acudió a San Lázaro a darle un empujón a la reforma, para que saliera este jueves 20 de abril y no hasta el siguiente periodo, como ya habían acordado en comisiones, fue el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.
El funcionario se reunió en privado, en las oficinas de la Junta de Coordinación Política, con algunos líderes parlamentarios y representantes de la industria minera.
Después del encuentro, se confirmó que la reforma saldría de manera exprés, sin dictamen, sin pasar por comisiones y a través de una iniciativa de la bancada morenista.
Vigencia de las concesiones mineras
Al presentar la iniciativa, el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, destacó sus puntos centrales.
El objetivo es, indicó, recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos del país, así como evitar los abusos en la explotación de esos bienes y garantizar el cuidado al medio ambiente.
Refrenda que la nación regulará la entrega, mantenimiento, supervisión y terminación de concesiones mineras y de agua para actividades mineras, dijo
En materia de consultas a pueblos indígenas, el proyecto precisa los requisitos para llevarlas a cabo y subraya que se realizarán antes de entregar la concesión.
Concesión para dos o más minerales
La iniciativa señala que los particulares podrán aportar elementos a la Secretaría de Economía (SE), para que ésta determine si es pertinente pedir al Servicio Geológico Mexicano realice tareas de exploración.
En cuanto a las “asignaciones” para explorar, explotar, beneficiarse, usar y aprovechar minerales, serán “indefinidas” y no se sujetarán a concurso, se entregarán tratándose de actividades estratégicas o exclusivas del Estado, y para el aprovechamiento de sustancias reservadas al Estado, como el litio o el uranio.
Se reconoció, abundó el legislador, que la explotación de minerales no puede ser individual, como planteó el Ejecutivo, por lo que en la iniciativa se estableció que las concesiones se otorgarán para dos o más minerales susceptibles de explotación conjunta.
Y si se localizan más minerales, las concesiones podrán modificarse para incluirlos.
Contraprestación a pueblos indígenas
En cuanto a la contraprestación a pueblos y comunidades indígenas, indica que será de al menos 5 por ciento de las utilidades obtenidas por la actividad minera.
El legislador aseguró que contempla medidas para proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la preservación de los recursos naturales de la nación y los derechos de los pueblos indígenas que habitan zonas mineras.
Puntualizó que el proyecto elimina el “carácter preferente” de la actividad minera.
También desaparece el derecho de los concesionarios a obtener la expropiación de los terrenos para explotación minera.
Condiciones para entregar concesiones mineras
Establece la obligación de determinar los “impactos sociales” de cada concesión.
Contempla la consulta previa libre e informada a pueblos indígenas y afromexicanos, como condición para entregar concesiones.
También quedarán sujetas a la disponibilidad de agua y en su caso, a la concesión de agua para minería a la que se acceda de manera previa.
Cambia la figura de “asignaciones” a favor de entidades paraestatales.
Cancelación de concesiones
Establece regulación sobre los títulos de concesión y contempla más causales de cancelación para las concesiones mineras, como el riesgo inminente de desequilibrio ecológico, contaminación con repercusiones peligrosas y la salud pública, abundó.
Prevé identificar delitos en materia minera, para aplicar las sanciones correspondientes.
Señala que las concesiones se revocarán por causas como “hechos o actos supervinientes de interés público”, cuando no cumplan con el programa de restauración cierre y post-cierre de minas.
Concesiones de agua para minería
Respecto a la Ley de Aguas Nacionales, contempla la figura de concesión de agua para minería, con el fin de evitar la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos.
Dicha concesión quedará sujeta a la disponibilidad de agua, solo durará 5 años, y admitirá una única prórroga por otros 5 años.
Asimismo, los concesionarios estarán obligados a llevar a cabo un uso y reuso eficiente del agua, y en su caso, restaurar ese recurso.
En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los cambios dicen que no se otorgarán concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas.
Se establecerá un Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre de minas, y de gestión de residuos mineros y metalúrgicos.