La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad el dictamen correspondiente a la minuta del Senado en materia de “justicia cotidiana”.
Los congresistas avalaron, con votación unánime de 30 a favor, las disposiciones del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El proyecto fue turnado a la Mesa Directiva del recinto, para su programación a debate y aprobación, en el Pleno.
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Puntualizaron que las nuevas disposiciones contempladas en el ordenamiento que tendrá casi mil 200 artículos, entrarán en vigor hasta dentro de cuatro años, es decir, en 2027.
Justicia cotidiana
Integrantes de todas las fracciones parlamentarias coincidieron en que los cambios permitirán a la ciudadanía acceder de manera más ágil, directa y expedita a la justicia, en casos de conflictos de tipo civil y familiar.
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“Estamos hablando de que puede haber procesos que se finalicen en 30 días, de la digitalización de los procesos, erradicar procesos donde la gente ya no quiere ir a sus instituciones de impartición de justicia porque hay procesos lentos, tortuosos, desgastantes y donde incluso en muchos de ellos se propicia la corrupción”, destacó el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Felipe Fernando Macías.
Destacaron que la norma integrará principios como el interés superior de la niñez, perspectiva de género, así como un sistema de medidas cautelares que permitirán proteger a mujeres, niños y personas víctimas de agresiones.
También hicieron énfasis en la utilización de tecnologías, para hacer más ágiles los juicios en materia civil y familiar.
Indicaron que el acceso a la justicia para los ciudadanos será menos tardado, ya que las medidas permitirán resolver juicios en un mes, y también se contemplará que en esos casos, todos los días de la semana serán hábiles.
Refirieron que el nuevo Código establece que en los procesos legales civiles y familiares, se favorecerá la resolución de controversias, “por encima de los formalismos procedimentales”.
Manifestaron que la autoridad jurisdiccional “suplirá de oficio” la deficiencia de los planteamientos para proteger los intereses de menores de edad, la familia, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.