Diputadas federales entregaron al Senado de la República la minuta de la llamada Ley 3 de 3, que impide que los deudores alimentarios o quienes tengan sentencias definitivas por violencia de género puedan ocupar cargos públicos o de elección popular.
El proyecto establece que perderán el derecho a ocupar cargos públicos quienes hayan ejercido violencia política de género, tengan sentencia por agresiones sexuales o hayan sido declarados como deudores alimentarios.
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que este producto legislativo enviará un mensaje importante a los agresores en el sentido de que no serán aceptadas como representantes populares.
Te podría interesar
De igual forma, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, destacó que la Ley 3 de 3 envía un mensaje social muy claro, pues ninguna persona tendrá cabida en este ni en otro gobierno.
En tanto, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, aseguró que esta reforma marcará un precedente no sólo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, al crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas.